La bajos ingresos tributarios y los malos manejos de los gobernantes de Valledupar obligaron al municipio a acogerse en el 2014 al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (ARP) o Ley 550 de 1999, creada para recuperar la solidez económica en las entidades territoriales con problemas financieros que imposibilitaran el cumplimiento de sus pagos.

Para el 2014, el municipio debía a cuatro acreedores la suma de $211 mil millones. En orden de mayor a menor cuantía, a las entidades financieras debía $67 mil millones; a las entidades públicas e instituciones de seguridad social $55 mil millones; al grupo de acreedores externos $25 mil millones, y a los trabajadores y pensionados alrededor de $5 mil millones.

Aunque el aumento irresponsable en los gastos fiscales venía de varias administraciones anteriores, en la 2008-2011 el gasto fue desproporcionado respecto a los ingresos. De $256 mil millones en el 2008 a $382 mil millones en el 2010, un aumento del 49 % en el gasto, contra unos ingresos que aumentaron solo un 16 %.

Ingresar a la Ley 550 significó suspender los litigios judiciales relacionados y refinanciar las deudas para pagarlas en los próximos 14 años. Así, según proyecciones, a 2028 la entidad municipal habrá pagado $273.179 millones entre capital e intereses.

La capital del Cesar no es la primera ciudad del Caribe en someterse a la reestructuración de pasivos. En años anteriores, Barranquilla, Montería y Sincelejo fueron intervenidas. El caso más exitoso fue el de la ciudad de Barranquilla.

Pero, ¿cuáles son los compromisos de Valledupar para cumplir con los pagos? A nivel general, gastar menos y recaudar más. En el primer año, el 2015, se cumplió la meta y se registró un indicador de responsabilidad fiscal de 38 %. “En palabras llanas es como si te regalan $100 y te dicen que debes gastarte $40 en funcionamiento para poder ser viable”, aseguró el secretario de Hacienda, Eudes Fuentes.

La obligación es recaudar más y gastar menos

Fitch Ratings es una de las agencias económicas y evaluadoras que ha seguido el proceso de Valledupar. La calificadora consideró como adecuado los resultados de la ciudad a 2017. Para septiembre de ese año, la ciudad había avanzado un 28,7 % en el pago de las acreencias.

En parte, los buenos resultados se deben a tareas como el aumento en el recaudo de impuestos. A junio 2017 los ingresos del impuesto predial e impuesto de industria y comercio crecieron 52 % y 24,4 % respectivamente frente a junio 2016, crecimiento mantenido desde el 2014. “En los impuestos le facilitamos el trámite a los contribuyentes con acciones como la descentralización de la Secretaría de Hacienda. Ya puedes pagar sin hacer cola”, agregó el secretario Fuentes.

Eso representó que mientras en 2012 entraban por ingresos tributarios de libre destinación cerca de 43 millones, a 2016 ya se superaba la barrera de los $70 mil millones. “El principal reto del municipio es mantener la senda del saneamiento fiscal, lo que significa recaudar más y racionalizar el gasto de funcionamiento”, fueron los consejos del Dirección de Apoyo Fiscal, DAF. Para la vigencia 2018 quedaron establecidos $36.158 millones para gastos de funcionamiento, como el pago a personal y las transferencias para los organismos de control municipales

Desde el 2014 hasta el 2018 la entidad territorial destinó al pago de las deudas con los acreedores $96.771 millones, siendo el 2017 el año en el que más dinero giró.

Valledupar debe $37 mil millones de los ‘bonos carrasquilla’

Para abril de 2010, Valledupar adquirió un crédito de $36.765 millones a una tasa de UVR +11 puntos con la Alianza Fiduciaria, empresa asesorada por el hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. A 2014 la deuda había escalado hasta $41.386 millones y el municipio solo estaba pagando intereses.

La restructuración de la deuda en ese año permitió que tres años después la obligación descendiera a $37 mil millones pero de los $26 mil millones que había desembolsado el municipio, $18.331 mil fueron girados a pagar intereses.

Principalmente, las críticas al crédito se hicieron porque se giró para iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo que aún no contaban con los estudios y la planificación necesaria. Por eso, asegura el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, “las obras no tuvieron el impacto esperado ni el enfoque correcto”.

La cláusula 2.5 del contrato vetaba el prepago de la deuda, lo que ayudó a que su pago se extendiera por más años y al incremento de los intereses. Además, el 75 % de los ingresos futuros derivados del SGP-ASB (Sistema General de Participaciones) quedaban condicionados a pagar el desembolso. “Esos bonos fueron hechos para que los municipios quedaran embaucados”, agregó Fredys Socarrás.

Investigaciones

En la Fiscalía 12 seccional Especializada de Delitos Contra la Administración Pública reposa una investigación contra el entonces alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, por la aprobación del crédito. Además, el exmandatario fue condenado a 14 meses de cárcel por los delitos de peculado por aplicación diferente, por desviar el uso de recursos.