El martes fue bloqueada la vía La Paz-Manaure, la cual está en proceso de ampliación y mejoramiento por parte del Consorcio Manaure Vial 2023, contratado por la Gobernación del Cesar para ejecutar la obra en un plazo inicial de 10 meses que venció el pasado 14 de junio, de acuerdo con los documentos publicados en el  Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop. 

Los transportadores de pasajeros y otros usuarios de vía recurrieron a la protesta luego de varios días de notar la ausencia de los trabajadores y de la maquinaria en este sector, donde aún falta más de la mitad del asfalto, según los denunciantes. 

Contratista habría sido extorsionado 

Desde la Secretaría de Infraestructura del Cesar y la Alcaldía de Manaure dieron a conocer que el contratista manifestó que tuvo que retirar la maquinaria y el personal porque estaban siendo objetos de extorsión y amenazas, información que fue corroborada por el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el coronel Alex Durán, quien aseguró a la prensa que esta información había sido reportada ante el Gaula. 

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Sin embargo, hasta este mismo martes, el secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, y el alcalde de Manaure, Juan Carlos Araújo, no tenían en sus manos la  denuncia formal de esos hechos, de acuerdo con lo expresado por ambos funcionarios en medios de comunicación. 

“Le hemos solicitado al contratista que nos allegue la denuncia en Fiscalía para poder activar todo el acompañamiento en este tramo vial”, dijo Maestre, mientras que Araújo expresó: “Yo le manifesté a un ingeniero de  la obra que si había pasado un suceso de orden público, lo más lógico es que ellos nos hubiesen manifestado inmediatamente a la Alcaldía, pero ellos dijeron que lo habían hecho ante la Gobernación”. 

Las prórrogas

Lo cierto es que la obra fue paralizada, para algunas personas “abandonada” tras el presunto suceso de orden público. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el contrato había sido prorrogado por 60 días, es decir, la obra debía ser entregada a mediados de agosto. 

“El contratista manifiesta que se ha encontrado con imprevistos significativos durante la ejecución de la obra, incluyendo la necesidad de intervenir en redes públicas de gasoductos y postes de energía ubicados dentro del trazado y diseño geométrico de la vía, así mismo, fenómenos ambientales”, se lee en el documento aprobado por el Gobierno departamental. 

Pero el 31 de julio, la representante legal del Consorcio, Maryuris Araújo Díaz, solicitó una segunda prórroga, esta vez por 30 días (un mes más), alegando que “se han dilatado las intervenciones en infraestructuras públicas, dado que se requieren coordinaciones adicionales con las respectivas empresas de servicios públicos, así como tiempos de espera para la pertinente reubicación”.  

¿Cuándo la entregarán?

El Gobierno departamental aceptó, estableciendo como nueva fecha de entrega mediados del presente mes de septiembre, pero debido a las presuntas amenazas que paralizaron la obra desde agosto, este nuevo plazo no se cumplirá y la administración tendrá que conceder más tiempo al ejecutor, de hecho, así lo anunciaron desde el Gobierno. 

“Le dijimos al contratista que necesitamos entregar esta obra antes de que se acabe el año, tenemos previsto entregarla en el mes de noviembre, aquí lo que toca es redoblar los esfuerzos”, expresó el secretario, aunque en la reunión con los manifestantes se habló de mediados de diciembre como nueva fecha de entrega, esa prórroga aún no es visible en el Secop. 

Por Redacción EL PILÓN.