Por Dario Arregocés

Quizás donde más se nota el descuadernamiento institucional del país, es en la administración de  justicia. Se ha perdido la confianza en la Fiscalía, al punto que las personas que son víctimas de hurto en la modalidad de “raponazo” optan  por no denunciar, considerándolo como una terrible pérdida de tiempo.

Nadie cree en nuestra justicia y pareciera que la poca que hay, es para los de ruana, como lo dijera el inmolado caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán.

El asunto no es de simple percepción, pues basta con mirar algunas cifras, publicadas por El Tiempo, para darnos cuenta de su inoperancia. Hay más medio millón de casos represados en la Fiscalía, a ello se le suma las fallas en la implementación del sistema acusatorio y a la falta de preparación de jueces y fiscales.

De los casos represados, la cuarta parte corresponden a delitos tales como: Hurto, lesiones personales e inasistencia Alimentaria. El 50% de las denuncias formuladas ante la Fiscalía en el 2010 terminaron archivadas,  el 15% acabó en la extinción de la acción penal y solo en 57.378 casos hubo condena. Ocurrieron en el año 2010, 15.000 homicidios y el número,  de sentencias condenatorias proferidas fue de  solo 4.312.

La Corte Suprema de Justicia en fallo de fecha  veintisiete de febrero de este año, por intermedio del magistrado ponente,  José Leónidas Bustos Martínez, explica que nuestra política criminal es reactiva, incoherente, poco reflexiva,alejada de la perspectiva de los derechos humanos, tendiente al endurecimiento de penas y subordinada a la política de seguridad y, las reformas legislativas en materia penal van acompañadas de un exacerbado populismo, sin detenerse a reparar en el grave daño que se le causa a la funcionalidad del sistema y consolidando su inoperancia.

Dice además, que la capacidad de respuesta del sistema judicial es de un 44.8% siendo del todo insuficiente, y a ello se suma un hacinamiento carcelario del 33%.  

Finalmente afirma: “Pretender que la desviación social puede combatirse únicamente mediante nuevas leyes de creación de delitos y aumento de penas conduce a una sobrecriminalización”.

Y es que hasta hace poco el tema de la cadena perpetua para abusadores de niños fue un tema politizado, o el de la penalización de la dosis personal, al igual que el tema de los “borrachos al volante”.  

La tendencia en esta materia apunta al desconocimiento supino de que el derecho penal, como queda demostrado, no es la solución.