El país está viviendo un momento crucial en materia de temas sociales y agendas de contenido humanitario, situación que, al igual que en otras regiones, se refleja en Valledupar, el Cesar y con cierta injerencia en departamentos circunvecinos.

El actual panorama político y social de Colombia es de hondo calado para el Cesar, departamento que ha vivido todas las etapas del conflicto armado en sus diferentes versiones: primero la guerrilla, segundo el paramilitarismo y ahora las bandas organizadas del narcotráfico entrelazadas con algunos reductos de organizaciones subversivas, entre otras manifestaciones de instancias al margen de la ley.

Se trata del paso a paso de la agenda del posconflicto, pero que en estos momentos comienza a transitar la recta de la última etapa, siendo lo más relevante la entrega del ‘Informe Final de la Comisión de la Verdad’, aunque paralelo a ello en el Cesar y La Guajira las distintas instituciones de la JEP han estado materializando el ciclo de actividades y procesos previstos con las víctimas de esta región, entre los que se cuenta la restitución de tierras e indemnizaciones.

Son miles las familias de esta región que han vivido y sufrido el paso a paso de toda esa dinámica desarrollada por la agenda del posconflicto, las que años tras años han albergado la esperanza de conocer la verdad sobre lo sucedido con sus seres queridos y de retomar derechos que se les habían vulnerados.

Sigue latente la expectativa en cuanto al uso que pueda tener el contenido del informe de la comisión de la verdad.

Sumado a eso este lunes la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Cesar y La Guajira realizó la rendición de cuentas del cuatrienio de esa entidad, destacándose allí el contexto de las víctimas en el territorio; reparación colectiva; reubicaciones y retornos; reparación individual; atención psicosocial; asistencia, atención y prevención.

El informe revela que en el departamento del Cesar 15.362 personas han sido indemnizadas, con una inversión de $137.200 millones. En total, en el Cesar cerca de 430.000 familias son víctimas del conflicto armado.

En medio de todo ese proceso ahora entra en juego el factor político con la elección de un presidente de izquierda, lo cual hace pensar a las víctimas de la violencia que algunos procesos de mucho contenido social van a ser redireccionados en pro de esta población.

Según afirmó un vocero de las víctimas, “hace falta voluntad política para que avance el tema de las indemnizaciones”.

A la fecha el ambiente es de esperanza, se desarrollan ‘Diálogos regionales’ por un lado y por otro se realizan mesas sectoriales de trabajo en pro de un Cesar protagonista ante el nuevo gobierno que inicia el próximo 7 de agosto.

En estos momentos da la sensación de que este departamento está viviendo un ambiente de esperanza, donde el común denominador de las distintas vertientes políticas es consolidar consensos para un Cesar que requiere se le reestablezca ciento por ciento todo el componente social a sus habitantes que pagaron un alto costo del conflicto armado que envolvió al país en las últimas tres décadas.