La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los decretos por los cuales el gobierno nacional acudía a la figura de la emergencia social para afrontar la crisis del sistema de salud,  confirma lo que muchos expertos y analistas habían advertido sobre esta emergencia. Se puede hablar, así, de la crónica de un fallo esperado.
En opinión de la Corte que no se justificaba acudir a la emergencia por cuanto la crisis del sector no se originaba por hechos sobrevinientes sino que fue una situación que se incubó durante muchos años, generando una crisis estructural, por culpa de muchos actores del sector, pero principalmente por el sector oficial que es juez y parte en el sistema.
No obstante lo anterior, la Corte decidió dejar vigentes – hasta el 16 de diciembre- los decretos que tienen que ver con el aumento de impuestos (a la cerveza, licores  y juegos de suerte y azar), para que el gobierno pueda recaudar más recursos para el sector; en ese plazo el ejecutivo tendrá que llevar al Congreso unas normas sustitutas que busquen subsanar los grave problemas que afronta el sector de la salud.
Y es que el manejo del sector de la salud es otro de los grandes lunares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez; hoy, un área central de la política social como esa,  está en una de las mayores crisis de la historia y –a pesar de la misma- Uribe mantuvo en su cargo durante varios años a Diego Palacio Betancur, un médico especialista en mercadeo, quien demostró una total ineptitud para el manejo del sector. Al punto que muchos se preguntan las razones por las cuales este permaneció en el cargo, a pesar de haber demostrado su ineficiencia y ser, además, protagonistas de hechos de corrupción en el famoso caso de la “yidispolítica”, y a pesar de que a esta congresista se le condenó, a Palacio no le ha pasado nada.
Ahora, Uribe tendrá que poner en marcha un plan de contingencia para hacerle frente a la grave situación de la salud, que afronta problemas de ineficiencia y corrupción; además de falta de financiamiento y desorganización, comenzando por la base de datos de los afiliados, los excesos en los cobros de medicamentos y procedimientos al Fosyga, la falta de una cobertura real y serias deficiencias en materia de calidad.
Será tarea del próximo gobierno, reorganizar el sector a partir de unos diagnósticos realistas que tengan en cuenta las posibilidades económicas del país, el problema del desempleo y la informalidad y meta en cintura a las EPS y a las IPS, algunas de las cuales se han desviado de su objeto social y hoy son meros intermediarios financieros. Además, insistimos, hay que fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud para que de verdad pueda hacer inspección, vigilancia y control, y separar al Ministerio de Salud del de Trabajo, hoy la cartera de la protección social no muestra resultados ni en lo uno ni en lo otro.
El sector de la salud, a partir de la Ley 100 de 1993 presentó grandes avances para el país, pero fue construido sobre el supuesto de una economía que genere empleo formal y con capacidad de sostener un sistema de seguridad social generoso; pero el aumento del desempleo, por la misma estructura de nuestro modelo de desarrollo económico ha hecho que cada día sean más los integrantes del régimen subsidiado que los del contributivo, y allí radica la raíz del problema.
A esto hay que agregarle problemas de ineficiencia generados por el mismo Ministerio de la Protección Social y también por otros actores del sistema que actúan, la mayoría de las veces movidos más por el ánimo de lucro que por el deseo de prestar un servicio social.
Este fallo de la Corte Constitucional, constituye otra mala noticia para este gobierno, ya que se suma a los graves problemas de corrupción comprobados en el DAS, a los falsos positivos y los repudiables manejos del programa Agro Ingreso Seguro, que ratifican que la lucha contra la ineficiencia y la corrupción no fueron el fuerte en el gobierno de Uribe Vélez.