BOGOTA (AP) —
Al anunciar una investigación a un ex congresista, la Corte Suprema de Justicia dio un paso más en su decisión de juzgar crímenes de lesa humanidad y asumió un olvidado proceso por una masacre de 43 personas cometida en los años 80.
La Corte Suprema indicó en un comunicado divulgado en un correo electrónico, que la decisión recayó en contra de César Pérez García, un controvertido político que según un antiguo jefe paramilitar, ya detenido, habría estado detrás de la matanza de 43 habitantes de Segovia, un poblado en el departamento de Antioquia, en noviembre de 1988.
“La decisión de la sala penal interpreta y aplica los tratados internacionales… (y) de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en Colombia” como masacres, agregó la nota de la Corte.
La decisión fue la primera en la que el máximo tribunal del país asume una investigación por un caso que ya había prescrito. En Colombia, los delitos relacionados con homicidio prescriben a los 20 años.  Pero por tratarse de un crimen de lesa humanidad la figura de la prescripción desaparece, según la Corte.
El caso de la masacre había estado en manos de la Fiscalía.
El ex congresista Pérez sí fue investigado por la Fiscalía, pero nunca acusado por la masacre ni en calidad de autor intelectual o patrocinador.
Sin embargo, el testimonio de un ex paramilitar a mediados de los años 90, fue reexaminado por los magistrados, quienes por eso tomaron entonces su decisión de abrirle la investigación.
El ex congresista Pérez, quien fue Representante a la Cámara por el Partido Liberal a fines de los 90, no se pronunció de inmediato sobre la decisión judicial.

Aunque la Corte abrió la investigación al ex congresista, medidas como ordenar su detención o llamarlo a rendir testimonio, por ejemplo, no se esperan sino en las próximas semanas.
El testimonio clave para abrir la averiguación fue el del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, quien dijo a las autoridades que la masacre de Segovia fue perpetrada por esas bandas de extrema derecha como retaliación a que los partidos políticos tradicionales habían perdido el poder ante la Unión Patriótica (UP), un movimiento político que surgió de un fallido proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La UP había derrotado al movimiento liberal de César Pérez en las elecciones de alcaldes de marzo de 1988 en el municipio de Segovia. A fines de aquel año, tres carros con paramilitares ingresaron a Segovia en la noche del 11 de noviembre de 1998 y se dirigieron a un bar donde fueron asesinadas las 43 personas.
La masacre de Segovia también tuvo participación de la fuerza pública y ya en el pasado fueron condenados por juzgados ordinarios el teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo y el mayor Marco Hernando Báez, ambos del ejército, y el entonces comandante de la policía en Segovia, capitán Jorge Eliécer Chacón, entre otros uniformados.