Escuchar que en los municipios y los departamentos se encuentran las canteras más grandes de corrupción en el país ya no nos sorprende, pues ya se ha aceptado como un hecho cierto y de complicidad a los ojos de muchos ciudadanos; la pobreza y la falta de gestión que se percibe en buena parte de los de los 1.122 municipios que integran el territorio nacional no apuntan a cosa distinta sino a confirmarlo; pero escuchar que el poder judicial también es cuna de corrupción, cuesta mucho digerirlo y entenderlo.

La verdad quedé atónito al enterarme en un programa televisivo de investigación trasmitido hace pocos días, que el mayor índice del delito de prevaricato que se investiga en la Fiscalía General de la Nación, no es contra los servidores públicos del orden departamental ni municipal (léase alcaldes o gobernadores), sino en contra de los funcionarios pertenecientes a la rama judicial (léase magistrados, jueces de la república, fiscales y auxiliares judiciales), vale decir, los jueces y fiscales son los mayores prevaricadores en el país del Sagrado Corazón; quien lo creyera, resultó más corrupta la lucha contra la corrupción que la misma corrupción.

Para quienes no lo saben el prevaricato es un delito contra la administración pública que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta e ilegal. Pero lo más inaudito del asunto es que precisamente el sistema judicial es el principal instrumento de lucha contra la corrupción, con el que cuenta el aparato estatal, y sí el sistema judicial es corrupto, entonces con qué criterio y con qué ecuanimidad se adelanta una investigación de esta naturaleza o se condena a una persona por la comisión de este u otro delito de los que integran este listado. Así las cosas, no veo la sindéresis de esta política pública del Gobierno Nacional, donde una institución de la cual se dice es corrupta investigue a otra institución que también lo es.

Pienso que para que el sistema judicial sirva a la lucha contra la corrupción debe, en primer lugar, ser él mismo, un ejemplo de ética, de transparencia y honestidad; creo que para que un sistema judicial sea implacable en atacar este fuerte virus, debe necesariamente haberlo combatido primero en su cuerpo; soy de los que pienso que no se puede combatir una enfermedad tan grave y crónica con simples placebos. Pero además, el asunto se complica aún más porque adicionalmente le surge al Estado un nuevo problema y una nueva tarea, cual es la de luchar contra la corrupción dentro del mismo sistema judicial que hoy está permeado por este flagelo.

Esta estadística del delito de prevaricato de la que se habló en el programa al que hago referencia, deja en evidencia que lo que denunciaban ciertos sectores durante el pasado paro de la justicia no era un simple desprestigio contra la rama, ni mucho menos una crítica irrelevante, fuera de las inconformidades laborales de sus trabajadores de las que les asistía la razón; pues este llamado ha podido ser más contundente e ir más allá de la mal llamada reforma de equilibrio de poderes; queda claro que lo que hizo tanto el gobierno como Congreso con esta reforma fue buscar los muertos rio arriba, porque la mayor corrupción no está en las altas cortes como así se quiso dar a entender, sino en los estrados judiciales más bajos donde se incuba este virus.
Hago la salvedad, que conozco magistrados, jueces y fiscales cuya moral y ética es a toda prueba.

Feliz navidad todos mis lectores.