Soy consciente de que en nuestro país combatir la corrupción representa un reto gigantesco, que comprende obstáculos, problemas y complicidades inimaginables. Es decir, la corrupción es un fenómeno común en la sociedad colombiana, cuyas autoridades siempre se han comprometido en erradicarla; no obstante, el resultado no solo ha sido frustrante para la gente decente, sino que, en cada cambio de autoridades, habitualmente la corrupción es más evidente.

A raíz del sensible fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa Nacional, por covid-19, ayer EL PILÓN publicó la entrevista que le hizo el 11 de febrero de 2016, Aquilino Cotes Zuleta, profesor de la Universidad Popular del Cesar y columnista de este periódico. El motivo de dicha interlocución fue la tesis doctoral del profesor Aquilino Cotes Zuleta en Ciencia Política, en la Universidad del Zulia, Venezuela, titulada ‘Comportamiento de la abstención electoral en la democracia representativa colombiana’. 

La traigo a colación porque en dicha entrevista se habla de las protervas consecuencias de la corrupción. Copio el texto de tres preguntas de la susodicha entrevista y sus respectivas respuestas: “¿La corrupción es un fenómeno en la vida democrática colombiana e incide en las elecciones en Colombia?”. Respuesta: “No hay duda. Incide en los resultados electorales por el uso indebido y delictuoso de los recursos públicos, por la contaminación con dineros producto de actividades criminales y por el rechazo e indignación que produce en los ciudadanos el cáncer de la corrupción. “¿Cree en la pureza de los resultados electorales que publica la Registraduría Nacional?”. Respuesta: “No se puede creer en la pureza total del sistema porque este es débil y da lugar, en virtud de esas debilidades, a que los afecte la corrupción”. “¿Los colombianos creen en la democracia colombiana?”. Respuesta: “No están creyendo en la democracia porque dejaron de tener confianza en las instituciones, como ya lo dije, y las organizaciones políticas han dejado de representar a las mayorías de la nación”.

Impactante realidad narrada por el ministro, ciertamente, las instituciones de nuestro país han perdido credibilidad. Como ejemplo cuento lo que me sucedió el domingo pasado por la tarde cuando venía de regreso con mi esposa de la casa campo. En el retén policial ubicado entre el puente Hurtado y el club campestre me detuvo la Policía. Después de verificar la documentación, uno de los agentes me dijo que el carro tenía vencido desde noviembre de 2020 el Certificado de Revisión Técnico-Mecánica, le respondí: “¡Qué pena, señor agente, no me había percatado!”.

 En tono intimidante me riposta: “Por la infracción le aplicaré un comparendo y el vehículo queda inmovilizado”. Le dije: “Acepto el comparendo, pero no estoy de acuerdo con la inmovilización del carro”. Les informé mi profesión y mis otros oficios, les alegué que el carro apenas tenía 60 mil kilómetros de recorrido, en vista de que no había camabaja les pedí que alguno de los agentes me acompañará al parqueadero y pagaría el costo para que me entregaran el carro y que el día siguiente bien temprano iría al centro de revisión técnico-mecánica. Terminaron exigiéndome 120 mil pesos por dejarme seguir, les ofrecí los único 100 mil que traía y muy satisfechos los aceptaron, uno de los agentes me dijo que empuñara los billetes, otro abrió el depósito de su moto y me ordenó que tirara el dinero dentro del tanque. En fin, anoté el número de dos de los agentes y al día siguiente saqué el certificado que lo entregan en un santiamén.