La Unidad de Restitución de Tierras (URT) en los departamentos del Cesar y La Guajira, desarrollan gestiones para el esclarecimiento de hechos victimizantes ocurridos en el área de influencia del denominado corredor minero. 

La Dirección Territorial en ambos departamentos adelantan labores para dar  cumplimiento al convenio entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la URT, las cuales han avanzado desarrollando la etapa administrativa en las parcelaciones Mechoacán y El Prado, comunidades del Cesar, que en época  del conflicto se vieron forzadas a abandonar sus tierras.

Debido a los procesos que ha venido realizando la URT le fue asignado un concepto favorable por parte de la Fuerza Pública para la intervención en zona rural del Cesar, específicamente en comunidades campesinas del corredor minero, en las que se concentran casos emblemáticos de reclamación de tierras con especial interés para la URT y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este caso ambas trabajan en conjunto, como parte de un convenio interinstitucional que tiene el propósito de articular acciones para la reparación y el trato digno a las víctimas de abandono forzado o despojo de tierras.

Este avance se viabiliza a partir del aval dado a la Dirección Territorial (URT) del Cesar – La Guajira de la URT por parte del alto mando de la Décima Brigada del Ejército Nacional de Colombia y el Departamento de Policía de Cesar, cuerpos de seguridad que en terreno acompañan la gestión de esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En ese sentido, tras el aval de la Fuerza Pública, en los meses de febrero y marzo la URT concretará salidas catastrales para el desarrollo de 80 procedimientos de identificación de predios solicitados en restitución y otros tantos de comunicación en las parcelaciones Mechoacán y El Prado, comunidades campesinas afectadas por el despojo y abandono forzado de tierras en el área de influencia minera, perteneciente a la jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, centro del Cesar.  

Astrid Navarro Rodríguez, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para el Cesar – La Guajira, indicó que en las comunidades de Mechoacán y El Prado se articula un trabajo en etapa administrativa- orientado por el convenio con la JEP, que contribuye al esclarecimiento de los actores y de los hechos victimizantes por causa de la acción de terceros beneficiados por el despojo de tierras.

“En zona rural de los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi se evidenció un proceso sistemático de violencia, por causa del abandono forzado y despojo de tierras en la población. Para hacer justicia con las víctimas, la URT reorientó su gestión, dando prioridad a algunos casos que en su momento fueron negados a las víctimas, razón que nos motivó a revisar decisiones administrativas anteriores, trabajo que de forma articulada realizamos en cumplimiento al convenio con la JEP”, dijo la directora territorial de la URT.

Navarro agregó que, según los análisis de contexto del área social de la URT, elaborados a partir de testimonios y documentación oficial recabada de los hechos victimizantes, las parcelaciones de Mechoacán y El Prado fueron abandonadas forzosamente desde el año 2002, un tiempo en el que en el centro de Cesar se agudizó la violencia por causa del conflicto armado interno.

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En la actualidad, la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en esta zona del departamento de Cesar avanza en la denominada etapa administrativa. En total, 66 procesos de reclamación se tienen sobre Mechoacán y 15 en El Prado, parcelaciones que constantemente son abordados por la Dirección Territorial de Cesar – La Guajira dada la alta importancia de estos casos. La prioridad en las labores de este despacho se centra en completar la fase inicial del proceso y recabar los insumos necesarios para adelantar las demandas de restitución en ruta individual.

POR REDACCIÓN/EL PILÓN