Eso es lo que se requiere de parte de las autoridades, que sean contundentes ahora que están estrenando una nueva Ley Anticontrabando para disminuir y ojalá acabar con el negocio que hoy lucra a miles de familias del Cesar y La Guajira, pero que a su vez ha dejado tantos muertos, accidentes y presos.
Este negocio que se ha convertido en la joya de la corona para las bandas criminales que delinquen en la región, no será fácil de acabar. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1762 del 6 de julio de 2015, que modificó el Artículo 320-1 con penas más duras para quienes sean sorprendidos con grandes cantidades de combustible y un poco más flexible con los llamados ‘pimpineros’ que manejan menos galones, se abre una nueva puerta.
El sábado anterior en el municipio de La Paz, norte del Cesar, un vehículo de transporte público se incendió mientras su tanque era llenado de gasolina venezolana, en plena vía pública. Lo mismo ocurre con frecuencia en municipios guajiros y en Valledupar más de diez barrios son un almacenamiento público de gasolina. Las autoridades saben dónde están los mayoristas, los minoristas, los pimpineros, tienen la herramienta legal, solo falta actuar.
En lo que va de este año han incautado más de 95 mil galones de gasolina y solo han capturado a 43 personas por este delito. Para que la ley sea eficaz debe ser rigurosa desde el inicio, si la Policía Fiscal y Aduanera no es contundente con las acciones, la ley se muere y se queda en el papel. Estas acciones deben ser proporcionales al Estado.
Algo debe pasar para que las calles de Valledupar y de otros municipios del Cesar y La Guajira no sean una bomba de tiempo. No podrá sola la Policía hacer cumplir la Ley si no va a acompañada de oportunidades para las miles de familias que ya viven del contrabando. El problema se creció, pero puede ser peor si no se reacciona ahora.