Una vez más, el Concejo de Valledupar le hizo debate a la Concesión de Alumbrado Público, en el que demostró que desde su creación en 1997 a la fecha, se le han hecho nueve modificaciones.
De igual modo, la corporación presentó un informe de la Contraloría General de la Nación en la que se encuentran 23 hallazgos dentro de los cuales hay inconsistencias y la no coincidencia contable y presupuestal.
El concejal Ricardo Vives quien citó al debate, explicó que en el informe la Contraloría muestra la forma en que se ha venido llevando el impuesto, “en donde se le faculta a la Concesión y se le entregan todos los recursos generados por este impuesto y es ella la que determina los excedentes financieros generados por las mismas. Además de eso, de los 23 hallazgos hay penales fiscales, disciplinarios, es un contrato que tiene todas las irregularidades”.
El corporado explicó que la función es mostrar este tipo de falencias para que la administración tome la decisión que deba como es la caducidad del mismo.
En el debate, en el que fue poca la asistencia de los concejales, el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez dijo que desde hace rato le hace observaciones y recomendaciones tanto a la administración como a la Concesión frente al contrato que a la fecha todavía no ha sido totalmente depurado.
“El tema de evasión de impuesto, inclusive el tema de pólizas relacionado con un valor indeterminado que se incorporó en el contrato que no es usual que suscriba una administración pública, igualmente recriminamos la ampliación del término de ejecución del contrato por 15 años más, cuando realmente se debió esperar la terminación en el 2012 y abrir un proceso licitatorio donde pudieran participar empresa que nos ofertaran calidad de servicio, creo que hay una gran responsabilidad de la comisión tercera y del mismo Concejo de avanzar en poner en cintura este contrato que de una u otra forma viene afectado seriamente los intereses económicos de los usuarios”, dijo Urón Márquez.
Según explicó, por la falta de iluminación que hay en algunas zonas, se presentan hechos criminales, por lo que se han identificado unas falencias para que se siga con el trabajo de depuración.
De igual modo, explicó que existen muchas herramientas jurídicas para revisar el contrato, “inclusive la posibilidad de terminación unilateral del contrato o una caducidad, situaciones que no se han resuelto de fondo y que permanecen en el contrato desde 1997”.
En su presentación, el gerente de la Concesión, Jaison Penso, explicó que el tema de Alumbrado Público y la minuta del mismo no es un capricho del concesionario, si no que hizo parte del pliego de condiciones de la licitación.
De igual modo, aclaró que el millón de pesos que se debía pagar por la interventoría nunca se canceló.
Agregó, que la concesión es para operación y mantenimiento del servicio, “la expansión es un objeto discrecional que depende de dos cosas: primero que haya excedentes en el recaudo y segundo que el Alcalde tenga voluntad”.

Sandra Santiago B.
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