En el último trimestre del año pasado, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA convocó un proceso abierto para el banco de instructores contratistas del año 2022, para sus 117 centros de formación a nivel nacional. En esta se anunciaba transparencia y pluralidad para suplir las necesidades de contratación de los instructores que prestarán sus servicios este año.

Desafortunadamente, durante el proceso se presentaron constantes inconvenientes, empezando por fallas en la plataforma, cuando algunos instructores que también eran aspirantes denunciaron que, pese a llevar varios años trabajando en el SENA, inexplicablemente aparecían en la plataforma sin cumplir los requisitos, situación que los dejaba por fuera del proceso.

El proceso fue suspendido varias veces por diferentes acciones de tutelas interpuestas por los mismos instructores que sintieron violaciones de sus derechos laborales. Finalmente, el 7 de noviembre se desarrolló la prueba virtual de competencias socioemocional y de habilidades digitales, las cuales representaron el 60% de la ponderación del puntaje definitivo, discriminadas en 20% la prueba habilidades digitales y 40% la prueba de competencias socioemocionales; el 40% restante correspondía a la hoja de vida del aspirante. 

Las pruebas virtuales fueron administradas por la ESAP, en la que muchos aspirantes manifestaron que se presentaron inconvenientes en el desarrollo de la prueba, al cerrarse la aplicación y reducirse el tiempo de la prueba. 

Lastimosamente los inconvenientes no cesaron. Inicialmente el puntaje de la hoja de vida fue generado automáticamente, luego se verificó en los centros de formación. Posteriormente se publicaron los resultados consolidados incluyendo la prueba virtual. Muchos aspirantes nuevos presentaban buenos puntajes y aparecían de primero en el listado del cargo al que se inscribieron, pero sorpresivamente durante la preselección, algunos se les evaluó el componente de la hoja de vida por parte del centro de formación y disminuyeron sus puntajes. 

En otros casos, aspirantes que esperaban ser preseleccionados, el centro al que se inscribieron no les apareció más y cambió el estado a “no aplica”. De ahí que actualmente existen nuevas reclamaciones y denuncias a la convocatoria del banco de instructores.

No entiendo por qué la mayoría de las instituciones de formación profesional abren procesos de selección de personal para unas necesidades que ya están cubiertas con personal que viene prestando sus servicios con anterioridad. Esto es de gran preocupación, ya que no se está brindando continuidad laboral al personal que desempeña actividades a unas necesidades permanentes.

Lo adecuado sería abrir procesos de selección para nuevas necesidades creadas o en caso de que el personal no desea continuar con la institución o en pro de mejorar la calidad del personal se evalúe el desempeño a través de indicadores a corto y mediano plazo, poniendo en consideración aquellos cargos en los que el personal presente bajo desempeño.

Por otro lado, ese tipo de contratación de prestación de servicios de los instructores del SENA deberían desaparecer como sucedió con los tutores y docentes en Universidades en Colombia. Así como se debería reducir el tipo de contratación de docentes ocasionales en Universidades, ya que en su mayoría se requieren de manera permanente y el tipo de vinculación ha demostrado tener gran relación con la calidad educativa, evidenciada en los programas e instituciones acreditadas.

El SENA es una institución a la que le tengo un gran respeto y aprecio por brindar un importante aporte a la formación técnica, tecnológica y complementaria de jóvenes y adultos, ofreciendo el personal pertinente para el sector productivo del país.

Para mí debería ser ese paso intermedio imprescindible entre la educación media y superior, que de hecho se viene implementando esta modalidad en formación técnica en algunas instituciones de educación media. 

Lamentablemente, la situación actual de contratación y estos procesos llenos de incertidumbre sólo incrementa la burocracia institucional en los centros de formación permeada por la política, evitando mejorar el gran portafolio de servicios que brinda esta importante institución, que anualmente ejecuta un presupuesto de 3.8 billones de pesos.

Por Jesús Morales