La consulta anticorrupción promovida por el partido Verde contiene siete preguntas que realmente no pueden considerarse como medidas efectivas en contra de aquellas conductas que atentan contra la administración pública, en primer lugar, porque ya son aspectos que se encuentran en nuestra legislación y en segundo lugar porque se concentra en puntos que no atacan el centro del problema como lo anoté en la columna anterior y de lo cual me continuaré ocupando en este espacio.

Tan angustiados estamos por hechos cada vez más graves que se traducen en despilfarro y apropiación de los recursos públicos, que es frecuente la expedición de normas bajo el campanudo rotulo de “estatuto anticorrupción”; sin embargo, al poco tiempo de entrar en vigencia estas disposiciones terminan siendo insuficientes para atacar los actos que las motivaron.

Una de las equivocaciones de la consulta anticorrupción es la de concentrar este mecanismo en las corporaciones públicas como congreso, asambleas departamentales y concejos municipales o distritales; estas instituciones son solo una parte del gran número de instituciones comprometidas en reiterados comportamientos que defraudan la moralidad administrativa. La verdadera lucha contra la corrupción debe comprender de manera inaplazable una profunda reforma a las instituciones encargadas de perseguirla y castigarla. La propuesta planteada por el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, de eliminar las contralorías departamentales, municipales y distritales debe ser considerada seriamente para fortalecer la capacidad de la Contraloría en la misión de vigilar y proteger los recursos públicos.

Es necesario rediseñar las instituciones que se encargan de los procesos de responsabilidad fiscal porque desde la elección de esos mismos contralores locales surgen trampas como las que se presentaron en Cartagena y las que en su momento ocurrieron acá en Valledupar, pero también salen de gobiernos que culminan periodos en los que ocuparon cargos de dirección e incluso tuvieron la calidad de alcaldes o gobernadores encargados y así son elegidos contralores con la competencia de vigilar y adoptar decisiones frente a sus propias actuaciones cuando fueron parte de determinado gobierno, por lo que se debería pensar en crear unas causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de intereses muchos más rigurosos para estos casos tanto para el que aspira como para quien los elige.

La propuesta del doctor Maya Villazón de eliminar las contralorías locales sería muy apropiada en la lucha contra la corrupción para impedir, entre otras, cosas que los alcaldes y gobernadores continúen imponiendo sus candidatos y así ejercer influencia sobre el sistema del control fiscal y financiero encargadas precisamente de vigilarlos.