Al calificar como “frustrantes resultados” en materia de reparación de víctimas en vivienda rural y urbana y el aumento del número de éstas, la Contraloría General de la República propuso debatir la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de tal manera que se aplique más allá del año 2021.

Según el ente oficial “al cumplirse cuatro años de haberse puesto en marcha, se advierten en programas como reparación a través de proyectos de vivienda e indemnizaciones en efectivo. Se evidencian situaciones como la casi duplicación del número de víctimas registradas, que cambian sustancialmente el plan financiero y de sostenibilidad de la ley inicialmente fijado”.

En el componente de reparación en lo que a vivienda se refiere,  “se pasó de $454,5 mil millones en 2011 a $580 mil millones en 2014. Con esos recursos se han realizado proyectos de viviendas que hasta la fecha no han sido terminados, y muchos de ellos han sido siniestrados”.

La primera meta de entrega de viviendas urbanas era de 23.860 viviendas y sólo se han entregado certificados de habitabilidad a 14.350 familias víctimas (60%). En vivienda rural el cumplimiento es mayor, por encima del 90%.
“Estos resultados son bastante bajos, si se tiene en cuenta que de 1.380.591 grupos familiares, el 47,4% declaró en la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la CGR haber perdido su vivienda, es decir, 658.192 grupos familiares”.

La conclusión del organismo de control es que en los términos referidos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los decretos ley se enfrentan al reto, no solo de buscar las alternativas para redefinir ritmos administrativos acorde con el espíritu transicional que les embarga, sino también a la necesidad de reconsiderar los principales universos sobre los que se planifica y se garantiza su sostenibilidad.

Redacción EL PILÓN