La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $211.755 millones en contra de la empresa Electricaribe debido a que constató que la entidad entre julio de 2011 y octubre del 2016 no destinó los recursos del Fondo de Energía Social, FOES, a los usuarios de estrato 1 y 2 para subsidiar el pago de las facturas de consumo de energía eléctrica en la región Caribe.

El organismo de control argumentó que la empresa al no aliviar el valor a pagar en las facturas de las poblaciones vulnerables, utilizó esos recursos para reducir las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la entidad en las zonas que serían beneficiadas y así mantenerse a flote.

“Los recursos del FOES son de inversión social y con destinación específica, por lo que debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario como lo realizó Electricaribe”, manifestó la Contraloría.

Debido a que fue una irregularidad en la que la empresa de energía incurrió por casi seis años sin que hubiera un atisbo de sospecha, el ente de control también abrió un proceso investigativo en contra de la firma de la PricewaterhouseCoopers. PwC, que estuvo a cargo de la revisión fiscal de Electricaribe durante esos años.

Dicha investigación arrojó que la firma y tres colaboradores avalaron la aplicación incorrecta de los recursos del FOES porque su testimonio promovió que el Ministerio de Minas y Energía girara el dinero proveniente del fondo. En ese orden de ideas, la Contraloría también falló con responsabilidad fiscal en contra de la firma.

EL PROCESO

El proceso fiscal de la Contraloría General de la República inició en 2017 a raíz de que en una auditoría encontraron que la aplicación individual del subsidio a los usuarios de  los estratos 1 y 2 de los años 2015 y 2016 no se había hecho debido a que Electricaribe desconoció “la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la factura del  usuario, y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas”.

Por dicho hallazgo la contralora delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR revisó la facturación mensual de las zonas de la región Caribe que debían recibir los recursos del FOES. Según el organismo de control, dicha facturación correspondía en promedio a $1.800.000 facturas por mes, de las cuales fueron glosados aproximadamente $700.000 bajo el esquema de minería de datos. Así mismo, pruebas recaudadas y practicadas en torno a la culpabilidad fiscal de Electricaribe.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN

@namiibb