Irregularidades como la sostenibilidad de los proyectos, los requisitos técnicos y sectoriales, las licencias ambientales de captación de aguas, la ineficacia de los proyectos, los incumplimientos de los indicadores de riesgo de la calidad de agua para consumo humano y las deficiencias en las construcciones de los acueductos y plantas de tratamiento, fueron detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría realizada a proyectos financiados con recursos aportados por el Sistema General de Regalías.

En total el órgano de control advirtió sobre problemas e irregularidades en 23 contrataciones de acueducto y plantas de tratamiento en distintos municipios de siete departamentos de Colombia, donde se han invertido recursos por $39.000 millones.

Los municipios son Acacias, Lejanías, Villavicencio, Granada, en Meta; Albania, Manaure, Uribia, en La Guajira; Buenos Aires y Totoró, en Cauca; Fredonia, Santa Rosa de Osos y Titiribí, en Antioquia; Ovejas, Majagual y Sucre, en Sucre; Mariquita y Venadillo, en Tolima; y Becerril, en el Cesar.

EL PILÓN constató que este proyecto no está integrado al Plan Departamental de Agua, que ejecuta Aguas del Cesar, adscrita a la Gobernación del Cesar, explicó el secretario de Infraestructura, Federico Martínez Daza. Es un proyecto propio de la Alcaldía de Becerril, a quienes se intentó contactar vía telefónica pero no fue posible.

En el informe entregado tras la auditoría, detectaron inconvenientes de sostenibilidad.

Según la Contraloría, esto se derivó de la aprobación de proyectos en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) sin el cumplimiento los requisitos, entre ellos, licencias ambientales o titularidad de predios.

“La auditoría de desempeño puso en evidencia la debilidad y ausencia de operadores de acueductos organizados, puesto que las obras se entregan a juntas de Acción Comunal que no poseen conocimiento ni personal idóneo para atender técnicamente la operación.

Carecen de recursos para atender tratamientos de agua y pruebas de laboratorio, no cuentan con la estructura de una empresa de servicios públicos y no acceden a subsidios de estratos bajos para los usuarios”, explicó la Contraloría.

Todo esto conlleva a que el ente de control fiscal considera que un 65 % los proyectos sean ineficaces porque la infraestructura no se utiliza para tal fin, los laboratorios para monitoreo de calidad del agua están sin uso o porque faltan insumos para la operación de las plantas de tratamiento.