La falta de planeación en la ejecución de obras con recursos de regalías por parte de la Gobernación del Cesar, sería la causante de un detrimento al departamento.
Durante el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como mandatario del Cesar, se ejecutaron varias obras en distintos municipios del departamento, que serían de beneficio para la comunidad y ayudarían al desarrollo de la región, pero los contratos de estas iniciaron sin planeación por lo que algunas no han sido terminadas y otras presentan dificultades, según advirtió la Contraloría General de la República.
Según el ente de control, dentro de una actuación especial, quedaron en evidencia 11 hallazgos fiscales por más de $50.538 millones, consecuencia de irregularidades que se presentaron en la ejecución de contratos de obra desarrollados por la Gobernación del Cesar durante la vigencia 2015 y que se financiaron con recursos del Sistema General de Regalías.
Falta de planeación en contratos de obra, en anticipos y plazos de ejecución estimados, así como fallas en el seguimiento, supervisión e interventoría en avances y el estado de los mismos, son algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría.
Una de las obras que además ha sido criticada y que ha presentado múltiples inconvenientes, y que se encuentra en el informe, es el Estadio de Fútbol de Valledupar-Armando Maestre Pavajeau. El órgano de control, evidenció deficiencias en los acabados a la vista, fisuras en los pisos y deformaciones en las barandas, así como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, por lo que se estableció un detrimento a las arcas del departamento por $5.167 millones.
Este proyecto tiene acta de inicio de febrero de 2014, donde se estipuló que la obra debería entregarse en 18 meses, sin embargo hoy los trabajos están paralizados.
El escenario en su primera etapa tuvo un valor de 59 mil millones de pesos y en primera instancia contó con dos períodos de entrega partiendo del 28 de febrero del 2014, cuando se firmó el acta de inicio. Así pues, el primer plazo fue hasta el 31 de diciembre del 2014 y con el segundo debió entregarse el 25 de agosto del 2015, pero un año después aún no ha sido finalizado. En varias ocasiones se ha anunciado que el estadio sería entregado en su primera etapa, pero pasa el tiempo y la obra sigue igual.
Ante esta situación, el pasado mes de noviembre se conoció que si no se cumple con las acciones y las fechas para la entrega del Estadio Armando Maestre Pavajeau, el Sistema General de Regalías, SGR, podría ordenar la suspensión preventiva de giros a ese proyecto.
En la actualidad, según público el diario El Tiempo, se está llevando a cabo un plan de mejoras, que tiene como fecha de entrega el 27 de enero del 2017; de no cumplirse, el SGR procedería a la medida.
Para la segunda fase del proyecto, que aún no ha sido aprobada, pretenden edificar la tribuna sur y el segundo nivel para las gradas de oriental y occidental lo que abarcaría una inversión general de por lo menos $170 mil millones.
Son varias los proyectos que parecen afectar las arcas del Cesar, otro de ellos es el contrato del Muelle y Parador Turístico de Chimichagua, fases I y II, donde fue evidenciado por la Contraloría, un detrimento por $717 millones, correspondiente a sobreprecios y fallas constructivas.
El proyecto activaría la economía y el intercambio social, además ofrecería un espaldarazo a poblaciones netamente pesqueras, que pedían hace mucho la construcción de dicha infraestructura.
Son 150 metros sobre el agua en estructura metálica y un piso metálico compartido con caucho, además de iluminación, mientras que la zona de tierra consta con cafeterías, baños, pabellón central de vehículo, plazoleta de entrada, barandas deslizantes, muros de contención, bujes y el área de comercio.
Otros contratos auditados fueron los de construcción de vías en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, donde a pesar de las reparaciones a la malla vial, aún persiste el deterioro de las mismas que siguen presentando agrietamientos y fisuras. Esto debido a una deficiente calidad de las obras, por lo que el ente de control evidenció un detrimento patrimonial en cuantía de 15.750 millones de pesos.
En el contrato de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero y Pesquero, se identificó una gestión fiscal considerada antieconómica por valor de $25.062 millones. La ejecución de dicha obra se acordó inicialmente para 290 días, pero requirió un total de 644, lo que significa que de tardó un 122% más del tiempo previsto.
La Contraloría también reveló hallazgos en la pavimentación de la doble calzada de la avenida Ciro Pupo, en el municipio de La Paz, que presentó anomalías en su construcción y fallas en la calidad de las obras ejecutadas, generando un detrimento por $1.108 millones.
En el informe, el órgano de control dio a conocer además, que en los contratos de obra, los contratistas no vinculan al personal ofrecido en sus propuestas, llevando a la Gobernación a pagar gastos de administración y de personal que no se contrata, afectando no sólo el cumplimiento sino generando un detrimento al Estado por más de $410 millones.
De esta manera, la actuación especial de fiscalización presenta otros hallazgos de tipo disciplinario e incluso penal, relacionados con cantidades de obras no autorizadas, adiciones en valor sin el lleno de los requisitos legales, así como la expedición de las apropiaciones presupuestales en evidente falta de planeación.
Andreina Bandera / EL PILÓN
[email protected]
La falta de planeación en la ejecución de obras con recursos de regalías por parte de la Gobernación del Cesar, sería la causante de un detrimento al departamento.
Durante el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como mandatario del Cesar, se ejecutaron varias obras en distintos municipios del departamento, que serían de beneficio para la comunidad y ayudarían al desarrollo de la región, pero los contratos de estas iniciaron sin planeación por lo que algunas no han sido terminadas y otras presentan dificultades, según advirtió la Contraloría General de la República.
Según el ente de control, dentro de una actuación especial, quedaron en evidencia 11 hallazgos fiscales por más de $50.538 millones, consecuencia de irregularidades que se presentaron en la ejecución de contratos de obra desarrollados por la Gobernación del Cesar durante la vigencia 2015 y que se financiaron con recursos del Sistema General de Regalías.
Falta de planeación en contratos de obra, en anticipos y plazos de ejecución estimados, así como fallas en el seguimiento, supervisión e interventoría en avances y el estado de los mismos, son algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría.
Una de las obras que además ha sido criticada y que ha presentado múltiples inconvenientes, y que se encuentra en el informe, es el Estadio de Fútbol de Valledupar-Armando Maestre Pavajeau. El órgano de control, evidenció deficiencias en los acabados a la vista, fisuras en los pisos y deformaciones en las barandas, así como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, por lo que se estableció un detrimento a las arcas del departamento por $5.167 millones.
Este proyecto tiene acta de inicio de febrero de 2014, donde se estipuló que la obra debería entregarse en 18 meses, sin embargo hoy los trabajos están paralizados.
El escenario en su primera etapa tuvo un valor de 59 mil millones de pesos y en primera instancia contó con dos períodos de entrega partiendo del 28 de febrero del 2014, cuando se firmó el acta de inicio. Así pues, el primer plazo fue hasta el 31 de diciembre del 2014 y con el segundo debió entregarse el 25 de agosto del 2015, pero un año después aún no ha sido finalizado. En varias ocasiones se ha anunciado que el estadio sería entregado en su primera etapa, pero pasa el tiempo y la obra sigue igual.
Ante esta situación, el pasado mes de noviembre se conoció que si no se cumple con las acciones y las fechas para la entrega del Estadio Armando Maestre Pavajeau, el Sistema General de Regalías, SGR, podría ordenar la suspensión preventiva de giros a ese proyecto.
En la actualidad, según público el diario El Tiempo, se está llevando a cabo un plan de mejoras, que tiene como fecha de entrega el 27 de enero del 2017; de no cumplirse, el SGR procedería a la medida.
Para la segunda fase del proyecto, que aún no ha sido aprobada, pretenden edificar la tribuna sur y el segundo nivel para las gradas de oriental y occidental lo que abarcaría una inversión general de por lo menos $170 mil millones.
Son varias los proyectos que parecen afectar las arcas del Cesar, otro de ellos es el contrato del Muelle y Parador Turístico de Chimichagua, fases I y II, donde fue evidenciado por la Contraloría, un detrimento por $717 millones, correspondiente a sobreprecios y fallas constructivas.
El proyecto activaría la economía y el intercambio social, además ofrecería un espaldarazo a poblaciones netamente pesqueras, que pedían hace mucho la construcción de dicha infraestructura.
Son 150 metros sobre el agua en estructura metálica y un piso metálico compartido con caucho, además de iluminación, mientras que la zona de tierra consta con cafeterías, baños, pabellón central de vehículo, plazoleta de entrada, barandas deslizantes, muros de contención, bujes y el área de comercio.
Otros contratos auditados fueron los de construcción de vías en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, donde a pesar de las reparaciones a la malla vial, aún persiste el deterioro de las mismas que siguen presentando agrietamientos y fisuras. Esto debido a una deficiente calidad de las obras, por lo que el ente de control evidenció un detrimento patrimonial en cuantía de 15.750 millones de pesos.
En el contrato de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero y Pesquero, se identificó una gestión fiscal considerada antieconómica por valor de $25.062 millones. La ejecución de dicha obra se acordó inicialmente para 290 días, pero requirió un total de 644, lo que significa que de tardó un 122% más del tiempo previsto.
La Contraloría también reveló hallazgos en la pavimentación de la doble calzada de la avenida Ciro Pupo, en el municipio de La Paz, que presentó anomalías en su construcción y fallas en la calidad de las obras ejecutadas, generando un detrimento por $1.108 millones.
En el informe, el órgano de control dio a conocer además, que en los contratos de obra, los contratistas no vinculan al personal ofrecido en sus propuestas, llevando a la Gobernación a pagar gastos de administración y de personal que no se contrata, afectando no sólo el cumplimiento sino generando un detrimento al Estado por más de $410 millones.
De esta manera, la actuación especial de fiscalización presenta otros hallazgos de tipo disciplinario e incluso penal, relacionados con cantidades de obras no autorizadas, adiciones en valor sin el lleno de los requisitos legales, así como la expedición de las apropiaciones presupuestales en evidente falta de planeación.
Andreina Bandera / EL PILÓN
[email protected]