La Contraloría del Cesar continúa con 28 procesos  para el cobro, mediante la jurisdicción coactiva, de alrededor de 700 millones de pesos, en desarrollo de fallos de responsabilidad fiscal contra ex funcionarios y ex contratistas, según lo anunció el titular de la entidad, Walberto Sánchez Blanco.
Dichas sanciones obedecieron a conductas enmarcadas en culpa grave y dolosa en la función de gestores fiscales,  explicó el contralor auxiliar Edgardo Santiago Arrieta.
Según el ente fiscalizador, estas acciones corresponden a procesos iniciados en vigencias anteriores.
Para hacer efectivo el cobro de los valores que deben devolver esos ex funcionarios y contratistas, la Contraloría del Cesar, a través de la Oficina Jurídica, adelanta acciones para detectar bienes y fuentes de ingresos de los implicados para realizar los embargos y secuestros a que haya lugar.
De acuerdo con el contenido del numeral 4º y del parágrafo 1º  del artículo 38 de la Ley 734 de 2000,  Hugo Álvarez Sánchez, Alberto Arrieta, Jackeline Pacheco Izquierdo, José Agustín Cabas Díaz, Gonzalo Aguirre Martínez, Emilio Alberto Oviedo, Heriberto Rodríguez Lázaro, Manuel Cáceres Palomino, Heriberto Madrid Madrid, Garibaldi López Acuña, Guillermo Rivero Salcedo, Jaider Difilipo, Jairon De León Jiménez,  José Manuel Barrios Rivera, Orlando Enrique López De la Hoz, Remberto Barrios Ortega, Ruth Dilia Carrasco Mejía, William Serpa Espinosa, Carlos Alberto Angarita Gómez, Julián Flórez Godoy, Alberto José Arrieta Martínez,  Luis Ramón Guerra Orozco, Alfonso Núñez Gutiérrez, Álex Omar Torres Herrera, Ledys Mariela Torres, Laudith Patricia Peláez Sierra, Erick Lessing Gómez, Gonzalo Aguirre Martínez, Gloria Elena Palacios Vásquez, Edinson Thomas Rodríguez Chinchía y Amarilis Bastidas Sprockel,   se encuentran inhabilitados para contratar   con el estado colombiano, en especial en el departamento del Cesar, con alcaldías, entidades descentralizadas del orden departamental y municipal (personerías, concejos, empresas sociales del Estado, empresas de servicios públicos, secretarías de tránsito, Edecesar, Idecesar, Idreec, Cromi, UPC y el hospital Rosario Pumarejo de López, entre otros), debido a que fueron declarados responsables por la Contraloría General del Cesar, por la pérdida, mal uso,  deterioro, daño o menoscabo a los recursos públicos, en virtud a fallos con responsabilidad fiscal que datan de los años 2003 y subsiguientes.