En el marco del proceso verbal que le sigue la Contraloría General de la República, gerencia Cesar tendrán que comparecer en audiencia este jueves, Mauricio Galofre, la firma Mainco y la aseguradora que firmó la póliza de cumplimiento del proyecto que buscaba la pavimentación de varias vías en los municipios de Chiriguaná y San Martín en el departamento.

El órgano de control de igual modo y tras encontrar un hallazgo de responsabilidad fiscal notificó a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lleva una investigación penal por los hechos ocurridos en el Cesar.

Mauricio Galofre Amín y la firma Mainco conformaron la Unión Temporal Sabaneta que tenía como objeto la pavimentación de las vías La Loma-Sabaneta-Poponte en el municipio de Chiriguaná; y El Barro-La Curva-Aguas Blancas en el municipio de San Martín.
El contrato que fue realizado en el gobierno de Cristian Moreno Panezo, se firmó por 4.760 millones de pesos y el Departamento entregó un anticipo del 25% correspondiente a 1.190 millones de pesos, pero a pesar de las gestiones que realizó ese gobierno, la aseguradora no ha devuelto el anticipo ni tampoco la indexación.

EL PILÓN conoció que tras haberse adjudicado el contrario, la Unión Temporal no ejecutó el proyecto porque el contratante al parecer, no presentó diseños de las vías.

De igual modo, se conoció que el representante legal de la firma Mainco, desconocía que tuviera contrato en el Cesar, por lo que al indagar sobre qué había ocurrido, encontró que un socio de ésta había falsificado su firma para acceder al contrato que nunca se ejecutó.

Hallazgo en Corpocesar
El órgano de control también detectó un hallazgo en la primera etapa de la sede bioclimática que construyó en las afueras de la ciudad la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.

La corporación contrató con el Consorcio Tecninverisiones conformado por las empresas Inversiones Grades Vías e Ingeniería representado por Miguel Camilo Castillo Baute y Técnicas y Construcciones Civiles, Tecniciviles cuya representante legal es Marcela Sofía Alies Fuentes, quienes tendrían relación con Mauricio Galofre.

En la auditoría practicada por el órgano de control detectó que el contrato fue firmado el 28 de septiembre de 2009 para ser terminado en 2011, pero debido a una serie de dificultades fue suspendido hasta abril de este año cuando fue retomado, sin embargo, las obras no han sido terminadas.

Dentro de la visita practicada por la Contraloría a la obra, encontró presuntas falencias que tienen que ver con fisuras mayores a tres milímetros en la placa del primero y segundo nivel del edificio, lo que a voz de la entidad puede ser indicativo de un proceso constructivo deficiente en el proceso de curado de los concretos, así como posibles incumplimientos en especificaciones técnicas del concreto.

De igual modo, hay exposición de acero lo que según el órgano de control es muestra de un proceso constructivo deficiente, además de incumplimientos en la ejecución de la obra en concordancia con los diseños estipulados.

Corrosión y óxido en estructura metálica, patología que se presenta posiblemente por el abandono en que se encuentra la estructura por más de cinco años a merced de los agentes ambientales y sin ningún mantenimiento preventivo, “esta patología podría afectar la estabilidad de la obra”.

Ante estas situaciones, la Contraloría considera que se puede configurar un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 555 millones de pesos por obra ejecutada con posibles falencias de índole constructivo y de calidad en los materiales utilizados.

El contrato fue firmado por 3.846.829.663 pesos, más una adición por 1.922.240 de pesos.

Sandra Santiago B.
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