La Contraloría General de la República está a punto de determinar que el proyecto más importante para el cuidado del agua en La Guajira sería un elefante blanco. Se trata del proyecto Estratégico Multipropósito río Ranchería, que tiene 12 años de estar en construcción.

El ente de control prepara un informe, en el que documenta cómo esta gigantesca iniciativa que pretendía abastecer de agua a nueve municipios del departamento y llevar el líquido a más de 354.000 habitantes, aun no funciona.

Según publicó el diario El Tiempo, la infraestructura debía suministrar agua a gran escala para el riego de cultivos en 18.536 hectáreas y permitiría el funcionamiento de una central hidroeléctrica que llevaría energía a unas 3.000 viviendas.

Ranchería debía quedar en manos del desaparecido Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), liquidado por corrupción, pero está a punto de ser otro elefante blanco de La Guajira.

La inversión en esta obra es de $ 650.209 millones y su primera etapa fue culminada en el 2010 y actualmente no cumple con ninguno de esos propósitos que deberían beneficiar a una población en la que cada año hay intensas sequías, escasez de alimentos, y en donde el desabastecimiento de agua genera crisis humanitarias.

La Contraloría habría establecido que la primera fase de este proyecto, que se terminó en noviembre del 2010, alcanzó a construir la presa El Cercado y las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan. Sin embargo, la megaobra está en una fase de transición en la que “su única función es regular el caudal del río, toda vez que no surte de agua a los acueductos y no se han construido los distritos de riego ni la central hidroeléctrica”. El periódico capitalino indicó que las demoras en las obras han llevado a que aún no se puedan aprovechar los recursos hídricos del río Ranchería y embalsar 198 millones de metros cúbicos de agua para su distribución.

La obra, además, ha generado nuevos gastos para poder conservarla mientras puede ser útil. Entre los años 2011 y 2016 se han firmado cinco contratos para garantizar la seguridad y la conservación de las instalaciones y sus equipos que han costado $ 34.217 millones de pesos, “para un proyecto que no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada”, dice el informe.

Según la entidad vigilante, esos costos resultan preocupantes “si se tiene en cuenta que no existe certidumbre sobre la fecha de realización de las obras faltantes para completar el proyecto (fase II), por lo cual la denominada fase de transición puede prolongarse por un tiempo indefinido”.

Asegura además que, aunque se puede aceptar que por lo menos lo que se ha entregado de la obra terminó cumpliendo la función de control de inundaciones, “no puede decirse lo mismo de las líneas de conducción principal de los dos distritos: San Juan y Ranchería, que igualmente llevan más de cinco años construidas sin que hayan sido sometidas a revisión o mantenimiento, para lo cual el Estado se va a ver abocado a invertir cuantiosos recursos”.

Dichos túneles actualmente permanecen quietos sin poder llevar agua a las hectáreas proyectadas y sin transformar la economía del segundo departamento más pobre del país. Construir la segunda fase de la obra es clave porque “permitiría democratizar el uso del agua en la medida en que actualmente solo puede ser aprovechada por los predios colindantes al río”, dice el ente de control.

Para el mantenimiento de la represa el Incoder firmó en el 2015 un contrato con el Consorcio Etha por $ 10.174 millones que por las prórrogas tuvo una duración hasta diciembre del año pasado.

Por Carlos Mario Jiménez
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