La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 411 millones 900 mil pesos contra el exalcalde del municipio de La Gloria, Reinel José Lobo Galvis.

Según el ente de control, Lobo Galvis ejerciendo como alcalde registró a nombre del municipio un predio que era en realidad de propiedad de la iglesia católica, para que se construyera allí el Centro de Desarrollo Infantil,  CDI, obra que comenzó a ejecutarse y donde se alcanzó a hacer un anticipo por 411 millones 900 mil pesos al contratista (Consorcio CDI).  La obra sigue hoy inconclusa y sin prestar ningún servicio.

Los recursos provenían del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que implementaba este proyecto con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, en ejecución del contrato de obra No. 2014 02 0942, suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio CDI del Cesar, y en desarrollo del convenio interadministrativo derivado No. 2131627 de 2013 (celebrado entre Fonade y el departamento del Cesar).

Omisión de procedimientos legales

De acuerdo a la decisión de la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, el exalcalde Lobo Galvis fue vinculado por ser quien protocolizó la escritura pública que determinó como bien baldío el predio mencionado, sin que se cumpliera con la normatividad que regula esta cesión (Ley 388 de 1997).

Igualmente, se considera que desconoció el procedimiento previsto para estos efectos por la Superintendencia de Notariado y Registro al no presentar para el trámite notarial los documentos requeridos que permitieran identificar con claridad los linderos y la cabida superficiaria de este predio, “lo que permite calificarlo como gestor fiscal porque su actuar está contribuyendo con el daño patrimonial”.

Los otros vinculados

La CGR vinculó también como presuntos responsables fiscales a Paulo César Díaz Delgado, abogado contratista de Fonade para la época de los hechos, por la falta de cuidado y debida diligencia en el estudio de los títulos de los predios donde se ejecutaría el CDI del municipio de La Gloria, toda vez que con su concepto jurídico favorable del 28 de febrero de 2014 avaló el predio seleccionado por la Alcaldía y la Gobernación del Cesar.

Otros vinculados son las firmas Consultores Técnicos y Económicos S.A., Consultécnicos, y Siga Ingeniería y Consultoría S.A., en su calidad de integrantes del Consorcio VIP, que suscribió con Fonade el respectivo contrato de interventoría; y finalmente, Ana Karina Cuellar Quintero, contratista encargada de la supervisión técnica y administrativa de los contratos derivados del convenio 212081.

Los dineros malversados estaban destinados a un proyecto que buscaba atender 200 niños de entre 0 a 5 años de edad, de familias de escasos recursos económicos.

Por Redacción EL PILÓN