Human Rights Watch publicó su informe anual correspondiente al 2015, ahí hace énfasis en cuáles son los derechos más violados en distintos países del mundo y a Colombia le dedicaron siete páginas, en donde hablan del proceso de paz entre Gobierno y Farc y los diálogos que se adelantan con el Eln.

Según el informe, la población civil de Colombia continúa sufriendo graves abusos perpetrados por la guerrilla y los grupos sucesores de los paramilitares que se conformaron luego del proceso de desmovilización hace una década. Se estima que la violencia en el territorio nacional ha ocasionado el desplazamiento de 5,7 millones de habitantes y cada año 200 mil huyen de sus hogares. Según la Organización de Derechos Humanos, Colombia es el segundo país a nivel mundial con mayor desplazamiento interno a causa de la guerra.

De igual manera, el estudio arrojó que defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, periodistas, indígenas y líderes afrocolombianos y otros activistas de la comunidad, recibieron amenazas de muerte por sus acciones en contra de la violencia, pese a que el Presidente Juan Manuel Santos condena consistentemente estos ataques y amenazas, faltan investigaciones efectivas para determinar los autores y que sean procesados.

En el Informe Mundial 2015, Human Rights Watch estudia con lupa la práctica de los Derechos Humanos en más de 90 países y en la introducción del mismo, el director ejecutivo Kenneth Roth hace un llamado sobre el efecto contraproducente de abordar los Derechos Humanos cerrando filas en forma defensiva, como lo han hecho numerosos gobiernos a lo largo de este último y agitado año. 

“Las violaciones de Derechos Humanos fueron determinantes para propiciar o agudizar muchas de las crisis de hoy”, escribió Roth. “Proteger los Derechos Humanos y asegurar la rendición de cuentas democrática son condiciones clave para superar estos contextos de crisis”.

Los ataques de las guerrillas
Human Rights Watch hace un recorrido por los ataques más violentos de las guerrillas colombianas a población civil. La organización asegura en el informe que los grupos al margen de la ley “atacan sistemáticamente a civiles. Por ejemplo, en el municipio de Tumaco en el suroeste de Colombia, las Farc fue responsable de abusos generalizados en 2013 y 2014, que incluyen asesinatos, desapariciones, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños, la extorsión y amenazas de muerte contra la comunidad”. Además aseguran que el Eln también continúa cometiendo graves abusos contra la población civil, tales como asesinatos, secuestros y reclutamiento de niños; y recuerdan el caso del 15 de septiembre de 2014, cuando este grupo guerrillero asesinó a dos trabajadores petroleros que estaban inspeccionando un oleoducto en el municipio de Teorama.

“Las Farc y el Eln continúan utilizando minas terrestres antipersonal. El gobierno informó que las minas terrestres y las municiones sin estallar mataron a 6seis civiles e hirieron a 65 entre enero y agosto de 2014”, explica el informe.

Paramilitarismo
Human Rights Watch también dio a conocer cifras sobre el paramilitarismo y aseguró la desmovilización fue defectuosa, pues muchos miembros seguían activos y reorganizándose en nuevos grupos que son dirigidos por exparamilitares que cometen abusos generalizados como homicidios, desapariciones y violencia sexual.

Hablan también que Los Urabeños siguen cometiendo atrocidades contra la población civil, actos como secuestro y descuartizar personas están entre los más visibles, y que esto ha generado el desplazamiento de las comunidades.
Como si fuera poco, también aseguran que “los grupos a veces han beneficiado de la tolerancia y complicidad de agentes del Estado. En marzo, los fiscales ordenaron la detención del coronel retirado del ejército Robinson González del Río por ser presunto líder de una red de seguridad que vendía armas a Los Urabeños”.

La aplicación de la Ley de Justicia y Paz que ofrece reducción dramática de las condenas de paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha sido muy lento. “A septiembre de 2014, sólo 37 de los más de 30.000 paramilitares que hay oficialmente y que han sido condenados por delitos bajo la dicho marco jurídico.

Crítica a Mindefensa
Uno de los puntos que más llama la atención del informe anual de Human Rights Watch, es la crítica que lanzan al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón pues asegura que este ha tratado de “desacreditar” las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’.

Según la organización norteamericana, la Fiscalía investiga actualmente más de 3.500 de estos casos cometidos en su mayoría entre 2002 y 2008, cuando el expresidente Álvaro Uribe ocupaba la Casa de Nariño y a pesar que el reporte asegura que los falsos positivos han disminuido se citan otros casos de 2013 y 2014.

“El gobierno Santos siguió promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento del asesinato de civiles perpetrados por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como ‘falsos positivos’. Los proyectos legislativos propuestos generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable récord en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”, señala el informe.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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