(EFE).- La muerte de tres menores de edad, entre ellos una niña que fue golpeada y violada, y el abuso a una bebé estremecieron al país, donde la opinión pública se muestra cada vez más sensible al maltrato infantil y reclama que la Justicia actúe con severidad contra los responsables.

El caso de Sara Yolima Salazar, una niña de tres años ingresada el viernes de emergencia en el hospital de la población de Armero Guayabal, reabrió la herida que dejó en diciembre pasado el caso de Yuliana Samboni, una menor indígena de siete años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Bogotá.

Pero este hecho no fue el único de este fin de semana, cuando otros dos niños indígenas murieron a manos de su padre, y una bebé de apenas cuatro meses de nacida fue abusada sexualmente por un soldado de 19 años.

“Sarita” fue hospitalizada con un presunto golpe en la cabeza, pero su condición obligó a que la trasladaran a un hospital de la ciudad de Ibagué, donde le descubrieron heridas en el pecho, trauma cráneo encefálico severo, amputación de un dedo, fractura en el brazo izquierdo, cicatrices en las piernas y signos de abuso sexual.

La pequeña, que presentaba desnutrición y había sido entregada en custodia a su madrina después de que su mamá biológica dijera que no tenía posibilidad de mantenerla, falleció el pasado sábado y su caso generó críticas y expresiones de dolor en su localidad natal.

“Esto es algo horrible y esperamos que la ley haga algo”, reclamó en declaraciones a medios una mujer durante el sepelio de la pequeña, al que acudieron indignados decenas de habitantes de Armero Guayabal y autoridades que exigen que se dé con el responsable.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, declaró que el de Sara “se constituye en uno de los casos más violentos, de mayor severidad de violencia” conocido por esa institución “en el tema de violencia al menor”.

Medicina Legal reveló hoy mismo que en los tres primeros meses del año ha realizado 4.315 exámenes médicos a niños y adolescentes por presuntos delitos sexuales.

La directora general ICBF, Cristina Plazas, explicó que la menor estaba en custodia de la madrina.

Plazas señaló en Twitter que la Fiscalía debe actuar en el caso de Sara Yolima Salazar “con la misma celeridad” con la que asumió el de Yuliana Samboni.

La funcionaria se pronunció también sobre la bebé abusada, caso por el que un juez ordenó la detención del presunto responsable, que fue acusado por la Fiscalía de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con feminicidio agravado en grado de tentativa.

“El caso de una bebé de cuatro meses también es aberrante!! No puedo creer tanta crueldad, tanta atrocidad! Nuestra sociedad está enferma!”, se quejó Plazas, quien indicó que “asesinatos, brutales golpizas y violaciones” son “una realidad que a diario viven muchos niños”.

La racha de violencia infantil se cobró además la vida de dos indígenas de siete y nueve años de edad que fueron asesinados por su padre, quien confesó el crimen tras ser detenido por la muerte de su esposa, según confirmaron hoy a Efe fuentes locales.

Los cadáveres de los hermanos We’pe Yakum y Sek Tay Rivera Parra fueron encontrados en una zona rural del municipio de Inzá (suroeste), horas después de que los habitantes de la comunidad Yaquivá emprendieran su búsqueda cuando fueron avisados del asesinato de la madre de los menores, Jhoana Parra León, en un caso que además sumó otra víctima a la lista de feminicidios en el país.

“La familia es el núcleo de la sociedad. Tenemos dos opciones: o la fortalecemos o seguimos viendo casos aberrantes contra nuestros niños!”, sentenció la directora del ICBF, mientras en el país crece el repudio.

EFE