Por Luis Elquis Díaz 

La suscripción del acuerdo para que las FARC participen activamente en la actividad política colombiana, se constituye en un gran avance en el desarrollo del Proceso de Paz.  La firma del acuerdo ratifica que en el país no hay enemigos de la paz, pero si adversarios del proceso, no por razones estrictamente apegadas a la normatividad establecida, ni patriótica o institucional,sino porque el conflicto es el combustible que impulsa su demagógica contraposición, con la que pretenden lograr usufructo político. 

El consenso de la participación política surge en medio del escepticismo;desconocer que las FARC delinquen es caer en la ingenuidad, sin embargo, hay avivatos que tratan de hacer creíble lo que es evidente.  La desconfianza no es disimulable, es un estilo de vida con el que ha convivido el pueblo colombiano. No obstante, a partir de la dilucidación de los acuerdos pactados en la agenda crecen las expectativas para la reconstrucción de la nación. La reconciliación no es un pacto de un conglomerado que representa intereses particulares como el insinuado en Ralito o en el fallido Caguan.

El fin del conflicto es una necesidad imperiosa que redunda en beneficios para el pueblo colombiano, víctimadel fuego amigo y enemigo, que pone los combatientes en ambas organizaciones armadas del conflicto,encarnó los falsos positivos,sistemáticamente sus derechos de propiedad han sido vulnerados y ha padecido el desarraigo de sus lugares de origen. 

Finalizar el proceso firmando la paz con las FARC, es apenas una etapa de una extenuante maratón. Concertar el punto de participación política es una victoria mediáticacaracterísticoen estos procesos de negociación. El devenir es impredecible, aunque la historia registra lo acontecido con militantes de la Unión Patriótica y el presente distingue la crisis socio política de la nación y la angustia de Gustavo Petro, ex guerrillero del M19. Estas situaciones desvirtúan a los extremistas que afirman que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, está entregando el país a las FARC.  

Al contrario el Estado como actor del conflicto debe reivindicar a sus integrantes, tutelando tácitamente sus derechos, disminuyendola brecha de desigualdadsocio económica, en especial, la concerniente a la propiedad y explotación de la tierra. 

No se trata de iniciar un proceso de expropiación descomunal quesoslaye la legitimidad de la propiedad privada, si no de reintegrar los derechos y bienes a los despojados y desplazados por los actores del conflicto: de nada sirve terminar el conflicto si no se estructura el posconflicto en preeminencia del reconocimiento de los daños y la reparación a las víctimas, con un marco jurídico que ampare los principios de la justicia, para evitar que los actores armados irregulares aunque estén amorfos, continúen consalvoconducto para delinquir con otra razón social como sucedió con el paramilitarismo.  

@LuchoDiaz12