Una demanda interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público – GLIP, de la Universidad del Norte, con el fin de anular el Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía que establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, fue admitida por el Consejo de Estado en las últimas horas.

Según el director del Departamento de Derecho y del Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, Juan Pablo Sarmiento, con la acción de nulidad se busca “asegurar el desarrollo sostenible, presentando las principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente”, indicó.

Esta medida de control se suma a la acción popular interpuesta en 2017 por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP y la Corporación Defensora Del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC, ante el Tribunal Administrativo de Santander por los proyectos de ConocoPhillips y Canacol Energy en San Martín (Cesar), así como a las acciones populares radicadas recientemente ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por el gobernador Carlos Andrés Amaya, y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el ciudadano Álvaro Diazgranados de Pablo.

¿Qué pasará en el Cesar?
Aunque se ha hablado de un supuesto otorgamiento de permisos de extracción de hidrocarburos a través del fracking en el municipio de San Martín.el aasesor jurídico de la administración de este municipio, el alcalde Saúl Celis no es la autoridad que otorga este tipo de licencias, “Esto es tarea del gobierno central, ANI, o ANLA. Al municipio le queda la peor parte, que es garantizar el orden público y la paz durante ejecución de las concesiones otorgadas en este territorio.

No es que el alcalde se oponga o esté a favor del fracking.”, precisó el funcionario al tiempo que aclaró que esta demanda no afecta a la administración de ninguna manera.