En el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se destaca el problema de la falta de participación política en todo lo relacionado a las decisiones que afectan a las personas que viven en las zonas de explotación minera.

El departamento del Cesar es uno de los principales productores de carbón, muchas personas han sido sacadas de sus tierras porque se hace necesaria la actividad económica que ayuda. En el informe presentado se habla especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, pues sus derechos a la consulta previa en relación con los proyectos económicos implementados en sus territorios están siendo ampliamente ignorados.

De acuerdo al documento emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pese al reconocimiento del derecho internacional por parte de Colombia “altos funcionarios del Gobierno también han hecho comentarios públicos que presentan los derechos de consulta previa como un obstáculo para el desarrollo. Además, las propuestas legislativas del Gobierno para regular las consultas limitan el derecho de participación en procedimientos para la obtención de permisos y licencias de explotación con respecto a recursos extractivos y construcción de infraestructuras en los territorios étnicos”.

Es claro que las actividades económicas desarrolladas a gran escala como proyectos mineros, generan muchas inquietudes a nivel social y al impacto ambiental, como la contaminación de fuentes de agua y su impacto en la producción de alimentos.

El informe publicado por el alto Comisionado de Naciones Unidas, revela que algunas comunidades étnicas han atribuido el aumento de la mortalidad infantil en los últimos años a la explotación minera intensiva que afecta al agua en sus territorios, sin embargo, publicaron también que se precisa mayor transparencia y capacidad científica para realizar estudios de impacto ambiental adecuados, accesibles a entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo y al público.

“Aún debe ser desarrollada la política pública que defina el marco legal para el respeto empresarial de los Derechos Humanos y que serán aún más necesarios, habida cuenta del rol central que debería tener el sector privado en la sostenibilidad de la paz. También se requiere el establecimiento de normas claras sobre la protección del medio ambiente, la consulta previa y los derechos laborales, y que promueva los compromisos empresariales con el progreso socioeconómico y el avance progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales”, reza el documento de 24 páginas sobre temas relacionados a la economía.

En el informe también se menciona que las iniciativas empresariales para la integración de los Derechos Humanos en las operaciones de negocio, tales como el Pacto Mundial, las Guías Colombia (una iniciativa que reúne a empresas, sociedad civil y Gobierno) y el Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos se reforzaron en 2014, mostrando una creciente tendencia por parte de las empresas que operan en Colombia a adoptar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, pero pese a los avances a nivel local siguen presentándose conflictos entre empresas y comunidades.

Algunas comunidades alegaron que sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se vieron reducidos a causa de proyectos petrolíferos, mineros o de generación de energía.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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