No hay educación política sin educación fiscal. Un buen ciudadano procura saber con qué cuenta su comunidad, representado en el municipio y su gobierno. Y un buen gobierno muestra a sus gobernados el estado de sus arcas, sus capacidades y sus restricciones.
No hay educación política sin educación fiscal. Un buen ciudadano procura saber con qué cuenta su comunidad, representado en el municipio y su gobierno. Y un buen gobierno muestra a sus gobernados el estado de sus arcas, sus capacidades y sus restricciones.
La mejor época de Valledupar fue aquella en la que sus ciudadanos pagaban más impuestos (e incluso contribuciones como la valorización) y ponían más sus recursos (como en la pavimentación de calles por autogestión) y más se hicieron grandes obras, bajo los mandatos de los primeros alcaldes elegidos popularmente hace unos 30 años.
Expertos coinciden, además, en que cuando los ciudadanos contribuyen a las finanzas de la comunidad (el municipio) y asumen sacrificio por ella, mayor atención prestan al ejercicio del gobierno, de la cuestión pública, del erario y su manejo, y demandan a cambio mejores servicios y obras de la administración. Es lo que ha querido hoy demostrar EL PILÓN, a sus lectores, gracias a la cuentas que hoy nos presenta el secretario de Hacienda, Carlos Alfonso Araújo, una persona versada en la hacienda pública y que siguió desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las últimas dos décadas el desempeño de los municipios.
El presupuesto consolidado de este año de la administración central municipal es $ 766.000 millones, el 9 %, $ 70 mil millones, son de funcionamiento; hay $ 680 mil millones para inversión predestinada y ‘amarrada’ por sectores (pues corresponden básicamente a recursos del SGP). Los recursos con que se cuenta son los llamados de Libre Destinación, como explica el secretario Araujo, que se corresponden con lo que el municipio recauda (industria y comercio, predial, avisos, sobretasa gasolina, estampillas), y los cuales toca hacer rendir al máximo pues se afectan con gastos como los del sostenimiento del tren de empleados.
Más complejo aún ya que en la composición esos gastos de funcionamiento deberán subir por una proyectada y necesaria reforma administrativa del Mello Castro, dados los requerimientos de un municipio que ha superado el medio millón de habitantes. Existe margen en la ley 617 del 2000 para ese aumento siendo el municipio de 1a categoría fiscal.
Ideal que en Valledupar se recaudaran de predial, por efecto de actualización del catastro -y la deseable adopción de uno multipropósito- entre otras acciones, $ 70.000 millones anuales y no los $ 35.000 que se proyectaban recaudar en condiciones normales. El municipio tiene 123.000 predios y el año 2019 la secretaría de hacienda dijo que solo pagaba el 30% de ellos. Industria y Comercio venía siendo algo más del 20% por encima de los recaudos del predial y se asocia directamente al desempeño de la economía que exhibe hoy negros nubarrones.
Acogernos a la ley 550 fue una decisión acertada del gobierno de Fredy Socarrás. Una de las deudas que se ha venido cubriendo es con el Siva. Al momento de iniciar la ejecución del acuerdo con acreedores, el municipio le debía $ 28.000 millones y esa deuda se ha reducido a niveles de pago de $ 6.000 millones anuales, lo que ha sido buena noticia para el Sistema de transporte.
No hay educación política sin educación fiscal. Un buen ciudadano procura saber con qué cuenta su comunidad, representado en el municipio y su gobierno. Y un buen gobierno muestra a sus gobernados el estado de sus arcas, sus capacidades y sus restricciones.
No hay educación política sin educación fiscal. Un buen ciudadano procura saber con qué cuenta su comunidad, representado en el municipio y su gobierno. Y un buen gobierno muestra a sus gobernados el estado de sus arcas, sus capacidades y sus restricciones.
La mejor época de Valledupar fue aquella en la que sus ciudadanos pagaban más impuestos (e incluso contribuciones como la valorización) y ponían más sus recursos (como en la pavimentación de calles por autogestión) y más se hicieron grandes obras, bajo los mandatos de los primeros alcaldes elegidos popularmente hace unos 30 años.
Expertos coinciden, además, en que cuando los ciudadanos contribuyen a las finanzas de la comunidad (el municipio) y asumen sacrificio por ella, mayor atención prestan al ejercicio del gobierno, de la cuestión pública, del erario y su manejo, y demandan a cambio mejores servicios y obras de la administración. Es lo que ha querido hoy demostrar EL PILÓN, a sus lectores, gracias a la cuentas que hoy nos presenta el secretario de Hacienda, Carlos Alfonso Araújo, una persona versada en la hacienda pública y que siguió desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las últimas dos décadas el desempeño de los municipios.
El presupuesto consolidado de este año de la administración central municipal es $ 766.000 millones, el 9 %, $ 70 mil millones, son de funcionamiento; hay $ 680 mil millones para inversión predestinada y ‘amarrada’ por sectores (pues corresponden básicamente a recursos del SGP). Los recursos con que se cuenta son los llamados de Libre Destinación, como explica el secretario Araujo, que se corresponden con lo que el municipio recauda (industria y comercio, predial, avisos, sobretasa gasolina, estampillas), y los cuales toca hacer rendir al máximo pues se afectan con gastos como los del sostenimiento del tren de empleados.
Más complejo aún ya que en la composición esos gastos de funcionamiento deberán subir por una proyectada y necesaria reforma administrativa del Mello Castro, dados los requerimientos de un municipio que ha superado el medio millón de habitantes. Existe margen en la ley 617 del 2000 para ese aumento siendo el municipio de 1a categoría fiscal.
Ideal que en Valledupar se recaudaran de predial, por efecto de actualización del catastro -y la deseable adopción de uno multipropósito- entre otras acciones, $ 70.000 millones anuales y no los $ 35.000 que se proyectaban recaudar en condiciones normales. El municipio tiene 123.000 predios y el año 2019 la secretaría de hacienda dijo que solo pagaba el 30% de ellos. Industria y Comercio venía siendo algo más del 20% por encima de los recaudos del predial y se asocia directamente al desempeño de la economía que exhibe hoy negros nubarrones.
Acogernos a la ley 550 fue una decisión acertada del gobierno de Fredy Socarrás. Una de las deudas que se ha venido cubriendo es con el Siva. Al momento de iniciar la ejecución del acuerdo con acreedores, el municipio le debía $ 28.000 millones y esa deuda se ha reducido a niveles de pago de $ 6.000 millones anuales, lo que ha sido buena noticia para el Sistema de transporte.