El exparamilitar deberá responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Dos décadas después de las muertes del comerciante vallenato Rubén Darío Quintero Fuentes, y su escolta, Rafael Ovalle Daza, se hizo justicia. El señalado determinador de los crímenes, el antiguo jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, fue condenado este miércoles en Bogotá.
La sentencia la profirió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado por una pena de 40 años de prisión por los delitos homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado.
El hecho sucedió el 14 de octubre de 1999 en Bogotá. Rubén Darío Quintero Fuentes y su escolta Rafael Ovalle Daza habían viajado desde Valledupar para cumplir una cita en la Fiscalía General de la Nación, FGN, pero minutos antes los interceptaron y mataron con arma de fuego.
En el proceso determinaron que el doble homicidio lo cometieron para evitar que Quintero Fuentes aportara al ente unos elementos materiales probatorios por el asesinato de su padre, Sixto Tulio Quintero, cometido por los paramilitares.
“Se pudo constatar que el móvil del homicidio, que centra la atención de esta providencia, estuvo relacionado con el hecho de que Rubén Darío venía adelantando diversas diligencias ante el ente acusador con el objeto de esclarecer y colaborar con el homicidio de su padre, quien fue secuestrado y asesinado en cautiverio por el grupo paramilitar al mando de Rodrigo Tovar Pupo”, reza el fallo conocido por Blu Radio.
En consecuencia, la sentencia tendrá que ser notificada al juez de ejecución de penas para que se sume a las otras por las que ‘Jorge 40’ está privado de la libertad en la cárcel La Picaleña de Ibagué.
Recientemente, se conoció que Tovar por acumulación de sentencias le habían dejado una pena 40 años de prisión.
Entre los casos involucrados están los homicidios y desplazamientos cometidos en Sitionuevo, Magdalena; el crimen de un sindicalista del sector de la salud en Soledad, Atlántico, y el homicidio de un trabajador de Electricaribe en el año 2005, así como también, la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis, en Barranquilla.
El exparamilitar deberá responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Dos décadas después de las muertes del comerciante vallenato Rubén Darío Quintero Fuentes, y su escolta, Rafael Ovalle Daza, se hizo justicia. El señalado determinador de los crímenes, el antiguo jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, fue condenado este miércoles en Bogotá.
La sentencia la profirió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado por una pena de 40 años de prisión por los delitos homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado.
El hecho sucedió el 14 de octubre de 1999 en Bogotá. Rubén Darío Quintero Fuentes y su escolta Rafael Ovalle Daza habían viajado desde Valledupar para cumplir una cita en la Fiscalía General de la Nación, FGN, pero minutos antes los interceptaron y mataron con arma de fuego.
En el proceso determinaron que el doble homicidio lo cometieron para evitar que Quintero Fuentes aportara al ente unos elementos materiales probatorios por el asesinato de su padre, Sixto Tulio Quintero, cometido por los paramilitares.
“Se pudo constatar que el móvil del homicidio, que centra la atención de esta providencia, estuvo relacionado con el hecho de que Rubén Darío venía adelantando diversas diligencias ante el ente acusador con el objeto de esclarecer y colaborar con el homicidio de su padre, quien fue secuestrado y asesinado en cautiverio por el grupo paramilitar al mando de Rodrigo Tovar Pupo”, reza el fallo conocido por Blu Radio.
En consecuencia, la sentencia tendrá que ser notificada al juez de ejecución de penas para que se sume a las otras por las que ‘Jorge 40’ está privado de la libertad en la cárcel La Picaleña de Ibagué.
Recientemente, se conoció que Tovar por acumulación de sentencias le habían dejado una pena 40 años de prisión.
Entre los casos involucrados están los homicidios y desplazamientos cometidos en Sitionuevo, Magdalena; el crimen de un sindicalista del sector de la salud en Soledad, Atlántico, y el homicidio de un trabajador de Electricaribe en el año 2005, así como también, la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis, en Barranquilla.