A cuatro años y dos meses de prisión la justicia de la capital del Cesar condenó al abogado Iber Francisco Márquez Romero, señalado de participar en el desfalco de unos 7.800 millones de pesos en la Oficina Predial de la Oficina de Planeación de Valledupar realizado entre los años 2004 y 2011, en lo que se denominó ‘El cartel de los impuestos’.

El ente investigador durante el desarrollo de la diligencia en los estrados judiciales develó suficientes materiales probatorios para demostrar que el sentenciado participó en el desangre a las arcas de la entidad mediante la manipulación de los datos de los contribuyentes de la ciudad.

“De acuerdo con el material probatorio y la evidencia técnica recopilada, como interceptaciones a las comunicaciones telefónicas y peritajes a los computadores de la entidad, los investigadores establecieron la manipulación de la información de los contribuyentes que reposaba en un software, de tal manera que fueron descontados, borrados o insertados pagos que nunca ingresaron a las arcas del municipio. En total, se constató la alteración de los datos de 10.300 predios en Valledupar”, expresó la Fiscalía.

A Márquez Romero las autoridades lo responsabilizaron del delito de acceso abusivo a sistema informático, desde que en el año 2011 detectives de la Fiscalía iniciaron la investigación que permitió la captura de nueve personas que habrían participado en estos hechos, entre ellas seis exempleados de la Secretaría de Hacienda de Valledupar, dos tramitadores y un ingeniero de software que al parecer hizo el programa para el recaudo del dinero. En su momento, los exfuncionarios fueron imputados por el delito de peculado por apropiación y el ingeniero por transferencia de activos en delitos informáticos. La indagación se presentó por presuntas irregularidades en el recaudo de impuesto predial e industria y comercio, desde el 2004, hasta el 23 de noviembre de 2011, que representó un detrimento patrimonial.

Al indagar sobre las causas del fraude, los investigadores establecieron que la modalidad utilizada era descontar, borrar e insertar pagos a deudas de contribuyentes, recursos que no se vieron reflejados en las arcas del municipio.