El martes inició en el Congreso de la República las sesiones extraordinarias para discutir el proyecto de reforma de la ley 418 de 1997, de Orden Público, que fue solicitada por el presidente Juan Manuel Santos. Esta reforma tiene dos objetivos y uno de ellos es fundamental para el Gobierno en su carrera por agilizar el proceso de paz con las Farc: devolverle al mandatario de los colombianos el poder de establecer zonas de concentración para los grupos armados al margen de la ley en el marco de las negociaciones.

El debate sobre el tema ha sido álgido en el país, más cuando se conoció el jueves la presencia de cuatro miembros de la cúpula de las Farc, entre ellos Iván Márquez, en el corregimiento Conejo, en jurisdicción e Fonseca (La Guajira), socializando cómo van las negociaciones en La Habana.

Esta población está ubicada en la serranía del Perijá, que siempre ha sido centro de operación del grupo guerrillero en el norte del país y de donde es oriundo el líder guerrillero ‘Joaquín Gómez’.

Los opositores al Gobierno insisten que este es el inicio de la entrega de la Serranía del Perijá a ese grupo armado ilegal para que se apoderen del territorio.

Además de eso, el norte del Cesar, en la zona del Perijá donde se encuentra parte de la jurisdicción de los municipios San Diego y La Paz, también podría ser zona de concentración, según se conoció extraoficialmente.

Pero más allá de la veracidad de esta información, y que solo sea especulación de algunos sectores de la sociedad, desde ya obliga a que las autoridades, líderes y pensadores comiencen a analizar qué tan bueno o qué tan negativo puede ser que una porción del norte del departamento sea entregado por el Gobierno Nacional al grupo subversivo a penas se firme la paz.

El presidente de la Federación de Ganaderos del Cesar, Óscar Daza, señaló que es posible que la serranía pueda ser usada para este proceso con las Farc y por lo tanto sería negativo para el departamento.

“Me parece muy complicado para los ganaderos. Nosotros, los cesarenses, a pesar que el conflicto nos ha golpeado mucho, no hemos tenido nunca campamentos grandes. Ellos han estado muy arriba de la serranía. Hicieron mucho daño y tener a estos señores en la zona no creo que sea muy halagüeño. Lo veo muy grave y muy delicado para la situación de orden público”, indicó el líder gremial.

En la reciente reunión que el gremio ganadero del Cesar tuvo con el presidente de Fedegán, José Félix Lafourie, se analizó cómo va el conflicto armado, las negociaciones y el posconflicto y los problemas de seguridad que tendría esta zona.

“Eso indica que para ninguno de nosotros será buena la presencia de los guerrilleros que dejarán las armas”, añadió.

Así piensa también el diputado cesarense por el partido Verde, Manuel Mejía, quien considera que agravaría más los problemas de seguridad y sobre todo “nos traería mucho caos social”, especialmente a los municipios de las faldas de la serranía del Perijá (San Diego, La Paz, Manaure).

Mientras tanto, el exasesor de paz del Cesar, Antonio Calvo, difiere de estos pensamientos al considerar que el departamento debe ser plaza para las acciones que conlleven a erradicar el conflicto armado y sus habitantes tienen que estar abierto al postconflicto.

“Es hora que los cesarenses comencemos a entender que nosotros no podemos estar a espaldas de la realidad de la negociación del conflicto armado. El Cesar tuvo en su momento nueve frentes guerrilleros, pero tuvo también toda la presencia paramilitar, y en lo que se viene, que es la jurisdicción especial de paz, el departamento tiene mucho qué hacer y mucho qué decir para la reconstrucción del territorio y la reparación de su gente y la posibilidad de reconstruir los proyectos de vida y familiares en toda la región”, argumentó Calvo.

El abogado considera que las Farc no quieren tener una concentración en el Caribe colombiano, debido a la debilidad que tendría la organización en este sector; más bien la zona del Catatumbo, según él, concentra la mirada de la guerrilla para que sea uno de los territorios para iniciar la reinserción de la vida civil de sus miembros.

“Vale la pena que la sociedad en su conjunto comiencen a debatir la presencia de las Farc en la eventualidad que vayan a tener una zona de concentración, al fin y al cabo no se podrá hacer un ejercicio de estos si no hay la mayor participación de la ciudadanía y las instituciones en el territorio”, agregó.

LAS SECUELAS
Para Manuel Mejía y el dirigente gremial Óscar Daza, la historia del conflicto armado en el Cesar ha sido dura para todos los sectores de la sociedad porque se ha cohabitado por un lado con las guerrillas y por el otro con las autodefensas. Señalan que la presencia de una zona de concentración puede hacer brotar más violencia.

“Nosotros fuimos protagonistas de la desmovilización del señor ‘Jorge 40’ (cabecilla del bloque Norte de las Auc) y esto tuvo grandes complicaciones en el orden público. Trajo bandas criminales a consecuencia de que se quedaron una alta cantidad de desmovilizados en la región y se pusieron a delinquir”, dijo Daza, al insinuar que lo mismo pasaría con los integrantes de las Farc que entreguen las armas en este sector.

“Lo único que saben hacer esos señores es secuestrar y matar. No es bueno para el país. Tenemos que aceptarlo, finalmente, pero espero que no se concentren aquí”, sentenció Óscar Daza.

Por este motivo, el diputado Mejía le hace un llamado a los parlamentarios para que no acepten la solicitud del Gobierno Nacional de hacer zonas de concentración.

Posibles zonas de concentración
EL PILÓN conoció que las Farc le solicitaron al Gobierno Nacional más de 10 puntos en la geografía colombiana para hacer las zonas de concentración, pero al parecer solo podrán tener unas siete.

De ser aprobada la reforma de la Ley de Orden Público en el Congreso de la República, la guerrilla permanecería en algunas de las zonas donde ha tenido una fuerte presencia, entre las cuales está el Catatumbo, Antioquia, Nariño, Putumayo, entre otros.

La reforma de la Ley
La Ley de Orden Público 418, aprobada en 1997 por el Congreso de la República, durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano, le daba facultades al mandatario de turno establecer zonas de concentración para que se hicieran desmovilizaciones o conversaciones con la guerrilla.

Sin embarco, en 2010, esta Ley fue reformada a través de la Ley 1421, al ser promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para que se prohibieran la creación de esas zonas.

La reforma dice: “En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.

Es por eso que al no tener facultades para entregarle zonas de concentración a las Farc, el Gobierno de Santos promueve en el Congreso la aprobación de la nueva reforma a la Ley de Orden Público. Los parlamentarios tienen la última palabra.

“Le hago un llamado a los parlamentarios para que no acepten la solicitud del Gobierno Nacional de hacer zonas de concentración”: Manuel Mejía, diputado del Cesar.

“Para ninguno de nosotros será bueno la presencia de los guerrilleros que dejarán las armas”: Óscar Daza, presidente de Fedegán en el Cesar.

“Vale la pena que la sociedad en su conjunto comiencen a debatir la presencia de las Farc en la eventualidad que vayan a tener una zona de concentración”: Antonio Calvo.

Por Rennier Asprilla