Desde el primero de enero cuando se posesionó el nuevo Concejo del municipio de Valledupar se notó que este sería una legislatura diferente. Primero porque se renovó en más del 73 por ciento sus miembros, solo cinco de 19 repitieron curul.

Eso daba cierta tranquilidad porque no sería más de lo mismo, especialmente porque llegaban jóvenes que podrían ponerle dinámica y hacer más visible la gestión de este cuerpo colegiado.

Sin embargo, en solo cinco meses pasaron a la picota pública al ser destituidos e inhabilitados 15 de los 19 concejales en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación por la elección del contralor municipal, Alvaro Castilla, a quien escogieron a pesar de que no fue el candidato que no obtuvo el mejor puntaje, ni tuvieron en cuenta que este fue el principal financiador de la campaña del alcalde Augusto Ramírez Uhía, a quien debería vigilar en su nueva condición.

El conflicto de intereses fue claro desde un inicio, la Procuraduría les hizo advertencias antes de la elección, pero nunca escucharon consejos, por el contrario se mostraron altivos. Ahora esperan un fallo en segunda instancia, pero ya su prestigio como concejales que deben velar por los intereses de la comunidad está bastante maltratado.

Mientras este episodio se registraba, algunos de los concejales no aprendían la lección y daban muestras de intolerancia en su gestión pública y en sus vidas privadas. Existen muchos rumores que no hablan bien de ellos.

El último episodio, que fue noticia nacional, fue relacionado con el supuesto estado de embriaguez en que llegaron cuatro concejales al recinto de sesiones. Grave. El rumor salió de sus mismos compañeros, que luego dijeron que era una broma, pero ya media ciudad conocía la noticia y los cuestionaba. A pesar de las aclaraciones vehementes de los concejales perdieron otro porcentaje de la poca credibilidad que les quedaba.

En su afán de defender lo indefendible, los concejales transitaron en contra vía al tratar de callar al periodismo. Sacaron del recinto a un periodista por las críticas que este hacía de ellos y entregaron acaloradas declaraciones a los medios.

Concejales, su función es servir y para servir deben dar ejemplo con templanza, entereza, seriedad, con buenos actos. Su caso puntual es para ejercer control político a una administración, con seriedad y responsabilidad.

Este Concejo se ha mostrado débil, a muchos de sus miembros les falta estructura administrativa, social y política, se nota su desconocimiento de lo público, y por el contrario se observa que su único propósito es mantener contra viento y marea una coalición que favorezca al alcalde Huía y a los intereses de su grupo político.

Los servidores públicos según las leyes deben “Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

No se circunscriban a pequeños problemas. Las críticas hacen parte de la esencia del servidor público, lo importante es cumplirle a sus electores, los que confiaron su voto en ustedes. Los periodistas y los medios de comunicación somos veedores del poder y nos corresponde informar lo que se hace en todos los niveles.