Aunque el concejal por el municipio de El Paso, Cesar, José Francisco Acuña Meléndres, quien se dedica al comercio y es estudiante de séptimo semestre de Derecho en la UDES Valledupar, reiteró su decisión de no allanarse, o aceptar los cargos, durante la ampliación de formulación de imputación, teniendo en cuenta la calidad de servidor público.

Para estos casos de servidores públicos, la ley establece que la pena aumentará de una tercera parte a la mitad, es decir, que si le imponen una condena de ocho años, por su condición de Concejal, le aumentarán cuatro años más. Esta misma decisión judicial, se le aplica en la caución prendaria, es decir, que la multa, también le aumentará y será pagable al Estado Colombiano.   

El Concejal se encuentra privado de la libertad desde hace varios meses en la Cárcel Judicial Distrito de Valledupar, al hacerse efectiva una orden de captura librada en su contra por ser el presunto autor del delito de concierto para delinquir en concurso de apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, y se le investiga por su supuesta responsabilidad en la sustracción de gasolina del poliducto de Ecopetrol y comercializarlo en el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción municipal de El Paso.

El pasado 9 de junio, en el Palacio de Justicia Valledupar fue realizada la audiencia de legalización de captura, imputación de cargo e imposición de medida de aseguramiento, en donde  Acuña Meléndres, tampoco aceptó los cargos imputados por la Juez, la Fiscalía y el representante del Ministerio Público.

Según se conoció, la pena privativa de la libertad por este delito y por su condición de servidor público, oscila entre 8 y 15 años, de acuerdo a los artículos 327A, 327B, 327C y 327D, que describe las conductas punibles del endilgado.

Como abogado apoderado actuó, José Luis Castro Machuca, quien argumentó la inocencia de su cliente, quien deberá comparecer en una vista pública que programará la juez de conocimiento con funciones de control de garantías para una nueva fecha, que se dará a conocer a las partes involucradas en el proceso investigativo, no obstante que el imputado se declara no haber participado en esa actividad ilícita, que según las autoridades se registró el pasado mes de junio en la jurisdicción de El Paso.