El mandatario local sindicado del delito de apropiación a favor de terceros permaneció diez días en las instalaciones del CTI, pero sigue inmerso en la investigación por el contrato de las cámaras de seguridad.
El exalcalde de Valledupar, Ciro Arturo Pupo Castro, goza desde ayer del beneficio de detención domiciliaria, luego de que el Juzgado 11 Seccional tuviera en cuenta los argumentos del abogado de la defensa técnica, en el que el ex primer mandatario local era cabeza de hogar, toda vez que su esposa, la médico, Obeida Salgado adelanta una especialización en Venezuela.
Cabe recordar, que Pupo Castro, una vez se enteró que habían expedido orden de captura en su contra, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de Valledupar, hasta donde llegó con sus abogados, para que no fuera objeto de captura por parte de los servidores públicos y de esa manera, él pudiera gozar de algunos beneficio que están tipificados en la ley penal.
El exmandatrio se desempeñó como Alcalde de Valledupar para los años 2004-2007 y suscribió un contrato por valor de 4 mil millones de pesos con la firma Unión Temporal Cepicol y Segurity Equipement, representadas por Diana Isabel Nassiff, cuyo objetivo era instalar 54 cámaras de seguridad, para garantizar la tranquilidad de los vallenatos, pero la mayoría de los equipos instalados en sitios neurálgicos nunca funcionaron.
Pupo Castro, permaneció diez días detenido de manera preventiva sin el beneficio de excarcelación, en las instalaciones del CTI ubicadas en el barrio ‘Loperena’ de esta capital, mientras continuaban las investigaciones.
Aunque le dieron la casa por cárcel, continuará vinculado al proceso, hasta que le definan de una vez por todas su situación jurídica.
El contrato las 54 cámaras de seguridad, cuyos equipos aún están instalados en postes de concretos en diversos sectores de Valledupar, fue liquidado pese a que se perdió el anticipo del mismo, tasado en 2 mil millones de pesos, cuya decisión fue proferida por el actual alcalde, Fredys Socarrás Reales.
Por Abdel Martínez Pérez
El mandatario local sindicado del delito de apropiación a favor de terceros permaneció diez días en las instalaciones del CTI, pero sigue inmerso en la investigación por el contrato de las cámaras de seguridad.
El exalcalde de Valledupar, Ciro Arturo Pupo Castro, goza desde ayer del beneficio de detención domiciliaria, luego de que el Juzgado 11 Seccional tuviera en cuenta los argumentos del abogado de la defensa técnica, en el que el ex primer mandatario local era cabeza de hogar, toda vez que su esposa, la médico, Obeida Salgado adelanta una especialización en Venezuela.
Cabe recordar, que Pupo Castro, una vez se enteró que habían expedido orden de captura en su contra, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de Valledupar, hasta donde llegó con sus abogados, para que no fuera objeto de captura por parte de los servidores públicos y de esa manera, él pudiera gozar de algunos beneficio que están tipificados en la ley penal.
El exmandatrio se desempeñó como Alcalde de Valledupar para los años 2004-2007 y suscribió un contrato por valor de 4 mil millones de pesos con la firma Unión Temporal Cepicol y Segurity Equipement, representadas por Diana Isabel Nassiff, cuyo objetivo era instalar 54 cámaras de seguridad, para garantizar la tranquilidad de los vallenatos, pero la mayoría de los equipos instalados en sitios neurálgicos nunca funcionaron.
Pupo Castro, permaneció diez días detenido de manera preventiva sin el beneficio de excarcelación, en las instalaciones del CTI ubicadas en el barrio ‘Loperena’ de esta capital, mientras continuaban las investigaciones.
Aunque le dieron la casa por cárcel, continuará vinculado al proceso, hasta que le definan de una vez por todas su situación jurídica.
El contrato las 54 cámaras de seguridad, cuyos equipos aún están instalados en postes de concretos en diversos sectores de Valledupar, fue liquidado pese a que se perdió el anticipo del mismo, tasado en 2 mil millones de pesos, cuya decisión fue proferida por el actual alcalde, Fredys Socarrás Reales.
Por Abdel Martínez Pérez