Con el lanzamiento de la Locomotora Minera comenzó en el país el debate entre la promesa de desarrollo y los defensores del medio ambiente, también hubo enfrentamientos entre el Gobierno con los entes de control por aspectos inherentes con la sostenibilidad ambiental, las externalidades, el descontrol de la minería ilegal y la relación costo beneficio. De distintas maneras el Gobierno Nacional ha tratado de impulsar iniciativas que promuevan la explotación de recursos naturales, en ocasiones soslayando el impacto negativo que estos procesos producen a nuestro ecosistema.

Investigaciones de la organización Greenpeace resaltan que los títulos mineros otorgados por el Estado Colombiano tienen una vigencia de 30 años, la mayoría de estos títulos fueron otorgados en el 2009, cuando finalizaba el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

La economía colombiana ha dependido en las últimas dos décadas de la bonanza petrolera y carbonífera, solamente el petróleo y sus derivados representan el 55 % de las exportaciones colombianas. Antes de la caída del precio del crudo todo marchaba muy bien para nuestra economía, el sector producía cerca de un millón de barriles diarios y los ministros del ramo sin mucho esfuerzo pavoneaban sus reconocimientos, sin embargo, el panorama empezó a desmejorar desde el año 2014 con la caída estrepitosa del precio del barril. La dependencia económica de la industria petrolera, aunada a la falta de previsión y de reconversión en la política económica interna conlleva al martirio por los efectos del mercado mundial, panorama que empuja al país al jaque fiscal, afectando la inversión y otros indicadores sensibles como la tasa de desempleo.

La sobreoferta actual de petróleo indicaría que es mejor negocio comprar que explorar para exportar, no obstante, en Colombia la fórmula es inversa, la discusión acalorada del presidente de Ecopetrol y exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con Oscar Vanegas, Ingeniero de Petróleos y profesor universitario, termina ratificándolo. El debate ad-hominem escenificado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, grotesco por los argumentos displicentes expresados por Juan Carlos Echeverry, obedecen a la necesidad que tiene el país de mantener en los rieles la locomotora Minera.

El debate en el Congreso no fue determinante como la presión ciudadana, el mensaje unánime que rechaza la exploración petrolera en Caño Cristales, motivó la suspensión de la licencia otorgada a la firma estadounidense Hupecol. La reversa del gobierno en torno al otorgamiento de la licencia, pone de presente la incapacidad técnica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, asimismo, la impertinencia de obviar las instancias regionales de carácter ambiental y la supremacía ciudadana; no obstante, al significado económico que implica la ejecución de estos proyectos para la nación.

La suspensión de la licencia a la firma Hupecol es apenas la punta del iceberg, es menester revisar otros actos administrativos de este contexto, pues de acuerdo con Greenpeace y la Agencia Nacional Minera en los 36 complejos de páramos que hay en Colombia, identificados por el Instituto Von Humboldt, hay 347 títulos y licencias ambientales activas en 26.