Siempre he creído que uno de los principales defensores de la sociedad es la oposición; sin embargo, nunca jamás estaré de acuerdo en que se disienta con injurias y calumnias. Pero, lamentablemente, en nuestro país es lo más habitual entre las contrapartes.

En consecuencia, en Colombia no hay mayor progreso porque los políticos se hacen oposición con agravios, que los lleva a enemistades difíciles de reconciliar. Mientras tanto, el común de sus gentes, no sólo se polariza sino que también se divierte con los improperios divulgados por los diferentes medios.

Pareciera que ahora la comunidad internacional estuviera más interesada en la terminación del conflicto armado de Colombia, ya que una considerable parte de su dirigencia política se opone al proceso de paz con las Farc, con la misma diatriba, cuyo propósito es que fracase para que el actual presidente del país no pase a la historia como su gran pacificador.

Por lo menos la mayoría de la gente pensante ha entendido que la convivencia pacífica debe ser el máximo bien que deben tener los colombianos; por ende, el magistrado Leónidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le ha manifestado al presidente JM Santos que dicha Corte lo respalda en su empeño de negociar la paz con las Farc.

Si bien este es un gran espaldarazo a la negociación ventilada en La Habana, Cuba, todavía falta que las tres ramas del poder público aprueben la ley transicional de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional, específicamente sobre los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que los comandantes de las Farc han cometido con creces.

Iván Márquez, el jefe negociador de esta facción guerrillera, en varias ocasiones ha reiterado que no pagarán ni un día de cárcel por ningún juzgamiento, por lo cual el quid del acuerdo final de la negociación de la paz radica en buscarle solución a tal impase sin violar la jurisprudencia aprobada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.