A pesar de cumplirse los 45 días de prórroga de suspensión de las diligencias de desalojo en las invasiones de Chimichagua, centro del Cesar, los procedimientos no se reanudarán debido a que el Gobierno nacional avanza en el análisis de los predios para comprarlos. 

Desde inicios del presente mes, un grupo de topógrafos provenientes de Bogotá llegaron a la finca La Oficina, una de las invadidas, con el fin de comenzar el análisis de las características gráficas de los terrenos que serían adquiridos por el Estado para ser entregados a los campesinos. 

De igual manera, la Agencia Nacional de Tierra, ATN, el pasado mes de noviembre comenzó la caracterización de la población que se encuentra en los predios invadidos: La Oficina y Pitalito, este último dividido en unas tres fincas. 

“Esto es sobre lo pactado que se hizo acá con la viceministra delegada para los diálogos y ese es el procedimiento que se ha llevado. Ya el tema lo está manejando y direccionando el Gobierno”, manifestó José Gabriel Flórez Robles, secretario de Gobierno de Chimichagua. 

Los estudios y análisis de los terrenos comenzaron desde el pasado mes de octubre cuando se presentaron desmanes por un operativo de desalojo que estaban adelantando las autoridades. 

En los predios habrían más de 400 familias que desde hace años se asentaron en los terrenos para trabajar en las actividades del campo, según sus voceros. No obstante, los propietarios exigían el cumplimiento del derecho a la propiedad privada establecido en las leyes colombianas.  

Así las cosas, los ganaderos acudieron a las vías legales para materializar los operativos de desalojo que se convirtieron en desmanes y produjeron la intervención del Gobierno. 

LA ANT Y EL CESAR 

El pasado 12 de noviembre, el Ministerio de Agricultura en compañía de la Agencia Nacional de Tierras entregó 256.345 hectáreas de tierras legalizadas en el país.  

De esas 4.015 familias del departamento del Cesar fueron beneficiadas, de las cuales 3.846 eran de Valledupar.