El martes nos enteramos que un juzgado de Popayán había dejado en manos de Profamilia un caso de una mujer que, con embarazo de siete meses, quería abortar. Y allá, en Profamilia asesinaron a Juan Sebastián Medina, el niño por nacer. Una decisión incomprensible. El padre quería tener el bebé y lo había manifestado públicamente. La criatura estaba sana y su madre no tenía ningún problema físico. Las evaluaciones previas tampoco mostraban enfermedad mental. De repente, alguien en la clínica abortista dijo que la madre sufría psicológicamente y con esa excusa, como viene alegándose una y otra vez en el país, procedieron al aborto. Incomprensible también porque si lo que se quería era cesar el embarazo se podría haber inducido el parto y entregarle el bebé al padre para que lo criara. Los sietemesinos sanos y felices son innumerables.

El caso hace patente la necesidad de la reforma al sistema de administración de justicia. Fue la Corte Constitucional la que, en contra de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Carta Política, legalizó el aborto, sin límite de tiempo como prueba el caso de Juan Sebastián. En efecto, el pacto de San José reconoce que hay persona humana desde la concepción y protege la vida desde ese momento. Los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y la Constitución dice que el derecho a la vida es “inviolable”. 

Pero los magistrados de la Constitucional han decidido que sus opiniones políticas y morales son normas constitucionales, sin importar lo que en realidad dice la Constitución, la posición del Congreso o del pueblo. Puro activismo judicial. Unas minorías que decidieron que el camino para imponerles a los demás sus posiciones es arroparlas en sentencias judiciales, ilegítimas pero con apariencia de legalidad. Porque, además, en Colombia hay una amplísima mayoría ciudadana en contra del aborto. 

Que las contradicciones salten a la vista tampoco importa. Esta Corte es la misma que sostiene que, por el principio de precaución, no debe haber aspersión aérea con glifosato de los narcocultivos porque, dicen, habría un riesgo para la vida humana. Si les preocupara tanto la vida humana, deberían proteger la de los no nacidos, los más débiles, los más indefensos, lo que no tienen voz, a los que ni siquiera se les puede oír el llanto. Y, en la peor de las hipótesis, si lo que alegan, contra toda evidencia científica, es que es dudoso que en esas criaturas haya vida, deberían aplicar también el principio de precaución: frente a la duda, hay que decantarse por la posibilidad de que sí estén vivos y, por tanto, protegerlos.
Pero no, la mayoría de esos magistrados prefieren proteger los narcocultivos al mismo tiempo que apoyan el aborto. Sí, como vamos, vamos mal.