Luego de varias dilaciones por parte de la defensa, se avanzó en la audiencia preparatoria contra el destituido capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán Prieto, acusado de violar a una teniente de la misma institución en el comando del departamento del Cesar, localizado en Valledupar.  

Durante la diligencia celebrada ante un juzgado del circuito con función de conocimiento, la Fiscalía 13 seccional, representada por Claudia Fuentes, realizó las enunciaciones probatorias de por lo menos 40 elementos que tendría en contra del uniformado. 

No obstante, al iniciar también las solicitudes, por la densidad de las mismas, la audiencia tuvo que ser suspendida para continuarla la tarde del próximo 15 de diciembre. 

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EL PILÓN conoció que entre el acervo están las valoraciones psicológicas a la víctima, entrevistas a testigos, valoración sexológica, entre otras. Mientras que la defensa tiene también más de 10.  

La investigación inició por la denuncia que realizó en el 2018 la teniente Kelly Sierra, quien manifestó haber sido violada por el capitán. 

Según las declaraciones plasmadas en la denuncia radicada en la Fiscalía, ella se encontraba en una fiesta que comenzó en el salón de un colegio y se extendió hasta el amanecer en el casino de oficiales localizado en el Comando de la institución, donde aparentemente el capitán la abusó en una de las habitaciones.

“Mi capitán de manera abusiva coge mi celular que se encontraba sobre la mesa y se dirige a la habitación de él, y es por ese motivo que yo salgo detrás suyo para reclamarle mi teléfono, pero cuando entro al cuarto me coge de la mano y me tira a una de las camas, y entonces este en contra de mi voluntad me accede carnalmente”, relató la mujer, quien agregó que en el agasajo estaban varios capitanes, un coronel y otra teniente. 

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Así las cosas, a finales del mes de diciembre de 2018 el capitán Eduardo Andrés Merchán se entregó a las autoridades al conocer que tenía una orden de captura en su contra. 

De igual manera, fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías que consideró que no era necesario imponerle una medida de aseguramiento. Por eso, el proceso lo enfrenta en libertad. 

No obstante, el uniformado fue destituido de la Policía por un fallo de la Procuraduría General de la Nación.