El pasado miércoles 10 de junio de 2026, mediante un video que circuló en redes sociales, las disidencias del cuarto frente de las FARC —pertenecientes al Bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte— admitieron el asesinato de cuatro personas ocurrido entre los días 6 y 7 de junio en la vereda Las Camelias, municipio de Remedios (Antioquia). Las víctimas, dos hombres y dos mujeres, fueron señaladas por los ilegales de ser cuidadores y auxiliadores de paramilitares.
El país conoció los hechos a través de imágenes que mostraban a las cuatro personas en estado de indefensión, amarradas y posteriormente ejecutadas de manera fría. Este crimen abre un debate sobre el tratamiento de las conversaciones de paz que se adelantan con esta estructura criminal. A pesar de los reiterados delitos perpetrados por esta facción disidente, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, principal comandante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), los colombianos nos preguntamos: ¿por qué, a pesar de los crímenes graves cometidos por sus hombres y mujeres, el gobierno continúa sentado en la mesa de conversaciones con ellos? ¿Acaso estamos frente a negociadores con licencia para matar?
El 26 de mayo de 2026, esta misma estructura protagonizó un enfrentamiento en las selvas del Guaviare contra otra disidencia liderada por alias Iván Mordisco, considerado el criminal más perseguido del país. El choque dejó más de medio centenar de muertos; Medicina Legal recuperó 48 cuerpos para su identificación, entre ellos 11 menores de edad.
