Es preocupante y angustioso el momento que vive el país ante la intensa oleada de crímenes, asesinatos y desapariciones a líderes cívicos, sociales y campesinos, cuyo número en solo dos años asciende a 180 víctimas. Las preguntas inmediatas que surgen son: ¿ Quién los está matando? y ¿ Por qué? Según analistas y opinadores la razón obedece a diversas circunstancias; esta criminalidad evidencia la urgente necesidad de replantear una nueva reestructuración en materia de seguridad.

Bajo estas circunstancias se hace imprescindible un gobierno social, que lidere programas estratégicos, articulados a mejorar el esquema de la seguridad en el país. Planes que deben estar ajustados a garantizar en forma eficiente y oportuna el desenvolvimiento del ciudadano por cualquier rincón de nuestro territorio; brindarle protección y amparo al margen de la Constitución Nacional.

Es hora de tener un estimativo fidedigno de donde nacen las amenazas a los líderes sociales; sea por el tema de la recuperación de sus tierras, en el área minero – energética, las plantaciones de coca, sustitución de cultivos, microtráfico, etc. Se requiere entonces de un trabajo articulado que garantice el uso adecuado de las herramientas con las que cuenta el Estado y de incrementar otras, para brindar a todo ciudadano seguridad en su vida, honra y bienes. Hoy más que nunca ante tanta polarización se necesita la propuesta de una moral humanista que priorice el valor de la vida y los principios de respeto y apoyo mutuo; es también de vital importancia adoptar un lenguaje no incendiario que se empodere con la educación; igualmente enfocar esfuerzos orientados al equilibrio socio-económico. Hecho que adquiere particular relevancia en el contexto colombiano; no debemos ser instrumentos, ni propiciar una oposición irracional llena de odios y a la defensiva con tono dictatorial.

Es necesario apropiarnos de un plan de trabajo vanguardista, pluralista y ejemplar que vele por los derechos que cada colombiano tiene, conforme a la constitución y la ley y lo más importante, generar espacios de convivencia pacífica, desde la diferencia con espíritu democrático.

Según la Unidad Nacional de Protección – UNP, en lo transcurrido del año ha recibido 25 mil solicitudes a líderes cívicos, sociales y campesinos; número bastante elevado que dificulta a dicha entidad en el cumplimiento de su función. Bajo éste orden de ideas la creciente criminalidad, asesinatos y desapariciones, y cada día más notorio y de mayor afectación en la Nación; consideramos que es un fenómeno social que merece una contundente respuesta de del gobierno central y la institucionalidad en todas sus esferas, desde ya, no solo con discursos de reconciliación y apaciguamiento, emitidos a través medidas precarias e insuficientes que no se cumplen. Es menester dignificar la vida de los líderes comunitarios, fundamentado en el mandato constitucional; esto debe ser una política pública de responsabilidad que permita que las bases sean sólidas y firmes.

Por Jairo Franco Salas