BOGOTA (AP) — El hecho de que sólo 72 de las más de 22.000 presuntas violaciones de mujeres registradas en Colombia en 2011 hayan sido relacionadas con actores del conflicto armado, evidencia que en el país existe temor a denunciar este tipo de crímenes y que no hay una política integral por parte del Estado para evitar la impunidad, aseguró el jueves Amnistía Internacional.
En un informe titulado “Colombia: invisibles ante la justicia”, Amnistía sostiene que “la ausencia generalizada de denuncias (por violaciones de mujeres), sobre todo en casos relacionados con el conflicto, unida al hecho de que las instituciones del Estado no reúnen unas estadísticas precisas, dificultan evaluar el alcance de estos crímenes”.
La organización no gubernamental considera que son varios los obstáculos para que en casos de agresiones sexuales a mujeres no haya justicia eficaz: la falta de seguridad para las víctimas y para quienes intervienen en las investigaciones, como testigos, y la estigmatización por parte de las autoridades judiciales hacia las mujeres agredidas. No existe en Colombia “una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos”.
“Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”, aseguró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía, en un informe que la organización no gubernamental hizo llegar a la prensa a través de un correo electrónico.
La cifra de 22.597 presuntas agresiones contra mujeres el año pasado fue tomada del estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esos datos, observó Amnistía, “son los más fiables, pese a que subestiman la escala del problema”.
“La violencia (contra la mujer), sobre todo en el contexto del conflicto, no se suele denunciar a las autoridades, pues las mujeres suelen sentirse demasiado atemorizadas para hablar, temen la estigmatización que conlleva ser una sobreviviente de la violencia sexual o creen que el delito no será investigado efectivamente”, dice el informe.
Según AI, “en el contexto del conflicto armado de Colombia, las mujeres son escogidas como víctimas de violencia sexual para sembrar el terror en las comunidades y obligarlas a huir de sus tierras, vengarse del enemigo, controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes o explotar a mujeres y niñas como esclavas sexuales”.

Las mujeres y los ‘paras’
Documentos entregados en la jornada a The Associated Press por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que conoce los delitos y confesiones de desmovilizados integrantes de grupos ilegales, dan cuenta de que desde su fundación en 2005 ha detectado 827 casos de violencia sexual contra mujeres. Al menos 70% de esos crímenes fueron perpetrados por paramilitares y el restante 30% por guerrilleros y por actores aún por identificar, según el informe del ente investigador.
Para Amnistía el respeto a los derechos humanos debe ser prioritario en la mesa de negociación que el próximo 15 de octubre se instalará en Oslo, Noruega, entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) porque “sin un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los derechos humanos no puede haber una paz duradera y estable en Colombia”.
El informe, de 38 páginas, cita varios casos de mujeres que han sido agredidas sexualmente con ocasión del conflicto. Pollack advirtió que “el único modo de acabar con la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en Colombia es garantizando que los presuntos responsables penales comparezcan ante la justicia”.