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Columnista - 8 agosto, 2021

Colombia digital e internet como servicio público

Recuerdo que fue en la década de los noventa cuando en Colombia comenzó a respirarse, realmente, una atmósfera de cambio y de revolución en el ámbito de las telecomunicaciones. Con la existencia de los programas de navegación, el computador fue aumentando su presencia en los hogares, como una herramienta para compartir información, estudiar y comunicarnos […]

Recuerdo que fue en la década de los noventa cuando en Colombia comenzó a respirarse, realmente, una atmósfera de cambio y de revolución en el ámbito de las telecomunicaciones.

Con la existencia de los programas de navegación, el computador fue aumentando su presencia en los hogares, como una herramienta para compartir información, estudiar y comunicarnos con personas de diferentes lugares del mundo.

En ese entonces, la conexión a internet requería de líneas telefónicas fijas, mientras que el teléfono celular, que solo contaba con llamadas de voz y mensajes de texto, continuaba masificándose aceleradamente.

Diversas actividades comenzaron a operar más eficientemente, en especial en el sector financiero, la industria turística y las empresas de comunicaciones. Sin embargo, muchas eran las familias donde el internet era visto como algo inalcanzable.

Dos décadas después Colombia ha logrado superar la marca de 8 millones de accesos fijos a internet, alcanzado 32,9 millones de accesos a internet móvil y 64 millones de líneas de celular, cifras que reflejan la importancia que ha cobrado en la vida de los colombianos el internet. Es por eso que recientemente el presidente, Iván Duque, sancionó la Ley 2108 que declaró a Internet como servicio público esencial y universal, tal como lo hicieron en su momento Francia, Holanda, Canadá, Argentina, México y Costa Rica.

Este es un paso histórico en el camino por seguir construyendo la Colombia digital, capaz de reducir la brecha y aumentar las oportunidades de progreso y desarrollo para miles de colombianos que hoy habitan en las zonas rurales más apartadas, acercándonos más rápidamente al 70 por ciento de conectividad antes de agosto de 2022.

Lograr que en Colombia Internet sea equiparable con el agua, la luz y el gas, servicios públicos básicos que debe tener cada familia, demuestran que la ejecución y aceleramiento de la estrategia pública de conectividad va por el camino correcto.

Hoy Colombia tiene instaladas y en funcionamiento 2.707 zonas digitales o puntos de conexión gratuitos vía wifi en parques, plazas y lugares públicos de 983 municipios del país, 118 de estas en el Cesar, 83 en zona rural y 35 en urbana.

Otras demostraciones reales de la existencia de un internet público en nuestro país son las más de 320.000 familias de estratos 1 y 2 con servicio de internet de alta velocidad subsidiado, 16.284 del departamento; los 51.000 estudiantes y emprendedoras que ya disfrutan de las tarjetas SIM con voz y datos gratis, de los cuales 3.256 son cesarenses, así como los 1.905 Centros Digitales que están conectando a 143 escuelas y comunidades rurales de la región.

Con la promulgación de la ley por parte del presidente Duque, estas cifras podrán multiplicarse en los últimos 12 meses de Gobierno, pues el artículo 7 prevé que los proyectos de despliegue de infraestructura para el servicio de telecomunicaciones deban ser resueltos en menos de un mes, lo que nos permite acelerar la instalación de antenas para llevar más conectividad.

Además, los operadores deberán garantizar la continua provisión del servicio para todos, y, en situaciones de emergencia, como la pandemia, no podrán suspender las labores de instalación, adecuación y mantenimiento de las redes.

En casos de estados de excepción y emergencia sanitaria, los usuarios prepago tendrán acceso al envío gratuito de 200 mensajes de texto y la recepción de estos sin restricción, mientras que los pospago atrasados que no excedan los $54.462 podrán efectuar recargas, enviar 200 mensajes de texto gratis con navegación gratuita en 30 direcciones de Internet que serán definidas por el Ministerio TIC con apoyo de la CRC, para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del Gobierno y de educación.

Finalmente, y para ampliar la cobertura en las zonas más remotas, la Ley ordena al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones crear líneas de crédito para los operadores de Internet fijo residencial con menos de 30.000 usuarios, exceptuarlos del pago de contribución anual a la CRC y el pago de contraprestación periódica al fondo.

Estamos ante una década con nuevos aires de democracia, igualdad, desarrollo y progreso, una nueva época de revolución en el ámbito de las telecomunicaciones donde el internet sea un servicio de beneficio para todos. Ese es nuestro gran desafío en este último año de Gobierno.

Columnista
8 agosto, 2021

Colombia digital e internet como servicio público

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
Karen Abudinen

Recuerdo que fue en la década de los noventa cuando en Colombia comenzó a respirarse, realmente, una atmósfera de cambio y de revolución en el ámbito de las telecomunicaciones. Con la existencia de los programas de navegación, el computador fue aumentando su presencia en los hogares, como una herramienta para compartir información, estudiar y comunicarnos […]


Recuerdo que fue en la década de los noventa cuando en Colombia comenzó a respirarse, realmente, una atmósfera de cambio y de revolución en el ámbito de las telecomunicaciones.

Con la existencia de los programas de navegación, el computador fue aumentando su presencia en los hogares, como una herramienta para compartir información, estudiar y comunicarnos con personas de diferentes lugares del mundo.

En ese entonces, la conexión a internet requería de líneas telefónicas fijas, mientras que el teléfono celular, que solo contaba con llamadas de voz y mensajes de texto, continuaba masificándose aceleradamente.

Diversas actividades comenzaron a operar más eficientemente, en especial en el sector financiero, la industria turística y las empresas de comunicaciones. Sin embargo, muchas eran las familias donde el internet era visto como algo inalcanzable.

Dos décadas después Colombia ha logrado superar la marca de 8 millones de accesos fijos a internet, alcanzado 32,9 millones de accesos a internet móvil y 64 millones de líneas de celular, cifras que reflejan la importancia que ha cobrado en la vida de los colombianos el internet. Es por eso que recientemente el presidente, Iván Duque, sancionó la Ley 2108 que declaró a Internet como servicio público esencial y universal, tal como lo hicieron en su momento Francia, Holanda, Canadá, Argentina, México y Costa Rica.

Este es un paso histórico en el camino por seguir construyendo la Colombia digital, capaz de reducir la brecha y aumentar las oportunidades de progreso y desarrollo para miles de colombianos que hoy habitan en las zonas rurales más apartadas, acercándonos más rápidamente al 70 por ciento de conectividad antes de agosto de 2022.

Lograr que en Colombia Internet sea equiparable con el agua, la luz y el gas, servicios públicos básicos que debe tener cada familia, demuestran que la ejecución y aceleramiento de la estrategia pública de conectividad va por el camino correcto.

Hoy Colombia tiene instaladas y en funcionamiento 2.707 zonas digitales o puntos de conexión gratuitos vía wifi en parques, plazas y lugares públicos de 983 municipios del país, 118 de estas en el Cesar, 83 en zona rural y 35 en urbana.

Otras demostraciones reales de la existencia de un internet público en nuestro país son las más de 320.000 familias de estratos 1 y 2 con servicio de internet de alta velocidad subsidiado, 16.284 del departamento; los 51.000 estudiantes y emprendedoras que ya disfrutan de las tarjetas SIM con voz y datos gratis, de los cuales 3.256 son cesarenses, así como los 1.905 Centros Digitales que están conectando a 143 escuelas y comunidades rurales de la región.

Con la promulgación de la ley por parte del presidente Duque, estas cifras podrán multiplicarse en los últimos 12 meses de Gobierno, pues el artículo 7 prevé que los proyectos de despliegue de infraestructura para el servicio de telecomunicaciones deban ser resueltos en menos de un mes, lo que nos permite acelerar la instalación de antenas para llevar más conectividad.

Además, los operadores deberán garantizar la continua provisión del servicio para todos, y, en situaciones de emergencia, como la pandemia, no podrán suspender las labores de instalación, adecuación y mantenimiento de las redes.

En casos de estados de excepción y emergencia sanitaria, los usuarios prepago tendrán acceso al envío gratuito de 200 mensajes de texto y la recepción de estos sin restricción, mientras que los pospago atrasados que no excedan los $54.462 podrán efectuar recargas, enviar 200 mensajes de texto gratis con navegación gratuita en 30 direcciones de Internet que serán definidas por el Ministerio TIC con apoyo de la CRC, para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del Gobierno y de educación.

Finalmente, y para ampliar la cobertura en las zonas más remotas, la Ley ordena al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones crear líneas de crédito para los operadores de Internet fijo residencial con menos de 30.000 usuarios, exceptuarlos del pago de contribución anual a la CRC y el pago de contraprestación periódica al fondo.

Estamos ante una década con nuevos aires de democracia, igualdad, desarrollo y progreso, una nueva época de revolución en el ámbito de las telecomunicaciones donde el internet sea un servicio de beneficio para todos. Ese es nuestro gran desafío en este último año de Gobierno.