Por: Raúl Bermúdez Márquez

Se realiza hoy y mañana en Valledupar uno de los tantos Acuerdos Para la Prosperidad, denominación que escogió el actual gobierno para referirse a las audiencias de concertación que desarrolla la Presidencia de la República, en los diferentes Departamentos del país, con la presencia del mandatario nacional, Juan Manuel Santos y los Ministros, de acuerdo a una problemática previamente definida.
En esta ocasión el tema central es la Infraestructura Vial y en consecuencia participará el equipo de trabajo del Ministerio de Transporte y la Alta Consejería que maneja este tema. Como anfitriones de primera línea, además del Gobernador Luis Alberto Monsalvo, estarán los 25 alcaldes del Departamento. A pesar de esa connotación específica del evento, no está demás aprovechar la oportunidad de la presencia del primer mandatario de  los colombianos para llamar la atención sobre las dificultades que la Universidad Popular del Cesar (UPC) enfrenta en materia de financiación de sus necesidades misionales básicas que incluyen desde luego problemas como el de la carencia de una infraestructura física suficiente para atender en condiciones dignas a una población de  alrededor 13.000 estudiantes, 700 profesores y unos 200 empleados administrativos.
A la UPC le hacen falta laboratorios bien dotados para las  ciencias básicas, informática y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el tema de Bienestar Universitario, ni siquiera cuenta la universidad con un comedor universitario que  facilite y abarate la permanencia de los estudiantes y profesores en el Campus Universitario. No se dispone de un medio de transporte propio para trasladar a sus estudiantes a sitios de intercambio de experiencias en otras ciudades del país, mucho menos de países vecinos.
Los recursos y estímulos para los procesos de investigación científica, desarrollo e innovación son precarios: lo que se puede destinar para ese propósito misional no supera el 5% del presupuesto general. La UPC en asignación por estudiante es discriminada por el Ministerio de Hacienda, a duras penas le gira 1.5 millones anual por estudiante, por lo menos 2 millones de pesos por debajo del promedio del resto de las universidades públicas.
Los recursos propios que provienen básicamente de la matrícula estudiantil financian el 55% del presupuesto general que para este año fue tasado en unos 50 mil millones de pesos. El presupuesto estimado por la Oficina Asesora de Planeación que considera las necesidades básicas reales de la universidad fue de 65 mil millones de pesos. Es decir, que a pesar de que por disciplina fiscal y por una ajustada distribución de la pobreza la UPC al final de cada vigencia no registra déficit en su balance contable, en realidad si existe un desfase de casi 20 mil millones de pesos con relación a las necesidades reales.
El “premio” a la realización de la tarea de la multiplicación de los panes en la UPC es que jamás en la historia de la institución ha sido objeto de una significativa inyección presupuestal adicional a los recursos que anualmente entrega el gobierno central en virtud del artículo 86 de la ley 30 de 1992. Lo cual arroja como resultado que hoy -con la población universitaria mencionada arriba- el claustro universitario reciba del gobierno central -en valor presente- los mismos recursos que recibía en 1993 cuando solo tenía 5 programas, unos 1000 estudiantes y 80 docentes. Ahí quedan pues esas cifras lastimeras que sustentan con creces la urgencia de que el gobierno central atienda el clamor que desde mucho tiempo atrás la comunidad académica demanda: una adecuada financiación de la más grande universidad pública del Departamento del Cesar.

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