Con la expedición del Decreto Ley 019 de 2012, conocido como Ley Antitrámites, el país ha venido avanzando significativamente en la implementación de la Política de Racionalización de Trámites, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Publica, cumpliendo con el objeto de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Este propósito de carácter interinstitucional, promueve el uso de las TICs, para reducir los costos de los trámites. La Política de Racionalización de Trámites como mecanismo da cumplimiento tanto a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), en lo relacionado con la publicación y registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, y en la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Aunque el proceso presenta en materia metodológica avances significativos, aún persisten debilidades por desarticulación institucional y las relativas a la corrupción administrativa. A nivel territorial las ciudades más pequeñas requieren realizar mejoras regulatorias en sus Centros de Atención Empresarial de las Cámaras de Comercio.

Superar las debilidades administrativas e institucionales es una obligación inmediata de Colombia, sobre todo, por sus intenciones de insertarse en los países que lideran la competitividad mundial. A veces nos encontramos en el abismo de la incertidumbre, cada día el país enfrenta casos de corrupción aumentando la incredulidad de sus instituciones. Por fortuna somos un pueblo trabajador y perseverante, que cuenta con un territorio que sobresale por sus ventajas comparativas importantes y, lo más apreciable, hay mucho por hacer en todos los sectores económicos.

Los esfuerzos hechos por Colombia para racionalizar sus trámites, coinciden con los resultados revelados por el Doing Business 2017 para las ciudades colombianas, estudio realizado por el Banco Mundial que analiza la facilidad para hacer negocios, considerando cuatro trámites: abrir una empresa, obtener una licencia de construcción, registrar una propiedad y pagar impuestos.
El principal resultado fue que desde 2013, 30 de las 32 capitales colombianas mejoraron su ambiente para hacer negocios. Y al igual que en la edición pasada, Manizales fue la ciudad que obtuvo el mejor puntaje Doing Business (73,4). Frente al estudio anterior publicado en 2013, 30 de las 32 capitales mejoraron su desempeño. Entre estas están Valledupar, Cúcuta, Pereira, Leticia y Montería.

Los resultados obtenidos en el estudio de Doing Business Colombia, invitan al país a enfrentar grandes retos como los factores como el desplazamiento de población de las zonas rurales a las zonas urbanas, la degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del suelo, porque estas condiciones socio – económicas, aunadas a la propensión del país a la ocurrencia de fenómenos naturales, exacerbados por las acciones humanas y las condiciones variantes del clima, requieren que la oferta institucional del orden territorial mejore sus procesos en el diseño de políticas públicas, racionalice sus trámites e involucre la participación ciudadana en aras de la transparencia, no solo para aparecer bien ranqueados en los estudios del Banco Mundial u otras organizaciones, sino con el fin de mejorar la competitividad del país.

Las evaluaciones que realiza el Doing Business, no son de fácil comprensión para la ciudadanía, incluso suelen ser mal interpretados, leerlos y analizarlos les genera aburrimiento, por eso es pertinente construir los ejercicios de planificación mediante el concepto global de gobernanza participativa, concepción aún incipiente en esta parte del mundo. Valledupar, bien calificada en el estudio del Banco Mundial, tiene una oportunidad inmejorable para atraer la inversión con la ejecución de los recursos solicitados a través del Empréstito y las Vigencias Futuras excepcionales, asimismo, para mejorar las necesidades básicas insatisfechas.

@LuchoDiaz12

Por Luis Elquis Díaz