• Los adjudicatarios de las casas tienen las llaves, el alcalde la responsabilidad de terminarlas y la Procuraduría y la Contraloría tiene el Control de los inmuebles, cuyo contrato se firmó hace dos años y aún no se terminan las obras.

Cien viviendas que fueron entregadas a sus beneficiarios, sin haberse terminado la obra en su totalidad, quedaron bajo el control de la gerencia Departamental de la Contraloría General de la Nación y de la Procuraduría Provincial.

Según el procurador Provincial, Alberto Valle Campo, fue necesario llamar a los beneficiarios para que recapacitaran frente al hecho de haber recibido las viviendas en esas condiciones. “Nos llamó la atención la noticia publicada, llamamos a la Alcaldía y el Alcalde nos invitó a esta reunión y aquí estamos convocando a las personas para que recapaciten, veo que tiene un buen ambiente, son personas adultas conscientes de la situación”.

El Agente del Ministerio Público constató que las viviendas no están en las condiciones ideales para ser habitadas. “Recibir una vivienda en la cual el Municipio invirtió unos buenos recursos en ese estado, sería permitir que los contratistas sigan haciendo de las suyas no entregando las obras concluidas”.

Agregó que su misión en la reunión es hacer valer la ley, “nosotros estamos tratando de que el contratista cumpla, que los adjudicatarios sean propietarios, como reza en el contrato, no que se ingresen a las viviendas como poseedores o tenedores sino como propietarios”

Frente al tema de los contratistas y los veedores que se prestaron para la entrega irregular, aseguró que también tienen sus responsabilidades. “Le caben todas las responsabilidades tanto la fiscal como la disciplinaria, inclusive yo diría que esa es una actitud deplorable”.

Por su parte, el Gerente departamental de la Contraloría General del Nación, José Antonio Soto Murgas, coincidió con el Procurador en la forma en que se enteró de la entrega inusual de las viviendas, y señaló que este organismo viene haciendo seguimiento a este proyecto. “Es evidente que se mantengan unas presuntas irregularidades que las han determinado los ingenieros y los arquitectos y las personas que tiene la condición de abogados, de la Contraloría y es evidente que todavía varias de esas presentan irregularidades no se han logrado desvirtuar. Por eso la Contraloría adelanta un proceso de responsabilidad fiscal verbal en contra de de varios funcionarios de la administración Yanci Bueno y algunas personas que tiene la condición de contratistas”.

El Gerente de la Contraloría destacó que en Becerril se adelantan varios procesos por obras inconclusas. “Son varios procesos de responsabilidad fiscal que además involucran a Soraya Pinto Borrego entre otros funcionarios que hicieron parte de esta administración, ustedes conocen las medidas tomadas por instancias judiciales en contra de la alcaldesa de la época”, expresó.

Destacó además, la veracidad con la que este medio registro el hecho. “Este hecho lo registró el diario El Pilón de la ciudad de Valledupar, y efectivamente uno constata que algunas de las situaciones a las que hace evidencia corresponden a las presuntas irregularidades a las que ha venido haciendo referencia La Contraloría General de la República”.

Por su parte, el alcalde de Becerril Raúl Fernando Machado Luna, consideró que la presencia de los entes de control, favorecen un proceso al que su gobierno le había adelantado varias acciones desde su oficina jurídica y que hoy ha dado sus frutos porque siente que la comunidad entendió que las vías de hechos no son las mejores para resolver una situación jurídica.

“A la comunidad hoy se le ha dado una explicación, he solicitado y el mismo Contralor ayer me llamó cuando vio la noticia, y me dijo que venía a mirar el tema, que cómo iban a entregar unas viviendas donde ellos tiene conocimiento del proceso que se adelanta en torno a este proyecto”.

Aseguró que las viviendas se entregarán terminadas y a sus adjudicatarios. “Para los que no asistieron a la reunión les informo que las casas son de los iniciales adjudicatarios, pero se las vamos a entregar con una escritura pública, para que aparezcan como propietarios ante la Superintendencia de Notariado y Registro”.