La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, amplió las medidas cautelares, concedidas a menores y madres gestantes y lactantes wayuu, a los mayores de este grupo indígena situado en el norte de Colombia.

Tras la solicitud del órgano, realizada en 2015 para garantizar la cobertura de las necesidades de los menores, extendida posteriormente a las madres gestantes y lactantes, la Comisión pidió ahora al Gobierno colombiano que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal” de los mayores de este colectivo.

En la ampliación de las medidas, la CIDH se centró en los wayuu ubicados en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribía, en el departamento de La Guajira, dada la “situación de emergencia”.

La institución reclamó que se asegure la “disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud” para que las personas mayores tengan un “acceso a atención médica con un enfoque integral y culturalmente adecuado”.

En lo relacionado con la nutrición, la CIDH pidió que el Ejecutivo tome medidas para que puedan tener, “a la brevedad posible”, acceso a agua potable y salubre, “de manera sostenible y suficiente para la subsistencia”.

También insistió en que se implementen políticas con carácter “inmediato” para que puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, con “pertinencia cultural’ y que establezcan mecanismos para identificación de casos que requieran “intervención inmediata”.

Sobre las medidas requeridas, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) comentó que estas se concierten con los beneficiarios de las mismas o sus representantes o ambas.

La resolución de ampliación fue de este modo favorable a las 3.000 personas mayores de la Asociación Shipia Wayuu de la Comunidad Indígena Wayuu de estas localidades y recogió su denuncia de que se encuentran en una situación de riesgo por su dificultad de acceso a la atención médica y los altos niveles de malnutrición, unos factores que comparten con los menores y las mujeres gestantes y lactantes.

Sobre el tema, Javier Rojas, representante legal de la asociación Wayuu, celebró la medida al asegurar que “esta fue una solicitud que se hizo con base a las necesidades y problemáticas que afrontan los integrantes de esta comunidad, más exactamente los de la tercera edad, porque sufren lo mismo que los niños y las madres lactantes con el tema de la desnutrición, falta de agua potable, suministro de alimentos y salud. Los adultos mayores también se nos están muriendo. Estas medidas deben comenzar a concertarse en 20 días, esta es la única forma de garantizar y proteger a estas comunidades”.

En esta línea, la representación indicó que la Procuraduría General de la Nación en Colombia catalogó el problema de desnutrición de los mayores en el país como “grave”, con el 50% de esta población en esa situación e informó  que los afectados wayuu no fueron incluidos en programas encaminados a garantizar su derecho de vida e integridad.

La desnutrición fue la causa de la muerte de cinco niños de esta etnia que a finales de 2016 fueron devueltos a sus familias tras corroborar la razón de su muerte y en ese mismo año Unicef informó de que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en Colombia.