Chiquita Brands International, por medio de su oficina asesora de comunicaciones aseveró que, es falso que CBI fue obligada a pagar 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares en Colombia y haber patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales.
En relación con las declaraciones dadas por Francisco Rodríguez Cuellar, el pasado 25 de agosto en entrevista con EL PILÓN, en la que aseguró que multinacionales han patrocinado a grupos al margen de la ley y que han desplazado a muchas personas en el territorio nacional, Chiquita Brands International, por medio de su oficina asesora de comunicaciones aseveró que, es falso que CBI fue obligada a pagar 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares en Colombia y haber patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales.
De acuerdo con el documento enviado por la multinacional “la multa no tuvo nada que ver con el tráfico de armas. De hecho, en el acuerdo suscrito por CBI y el gobierno estadounidense, no hay mención alguna del tráfico de armas. Al contrario, la multa fue impuesta luego de que CBI revelara voluntariamente que se vio obligada a realizar pagos de origen extorsivo a grupos al margen de la ley en Colombia, y el gobierno norteamericano acusó a CBI de haber violado una ley estadounidense, que según el gobierno de ese país, prohíbe pagos a ciertos grupos terroristas sin previo permiso del gobierno, incluso a pagos de origen extorsivo”.
De igual manera, aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no encontró prueba alguna de que la empresa hubiera apoyado ninguno de los objetivos o actividades ilegales de grupos al margen de la ley en Colombia. Al contrario, en el acuerdo suscrito el gobierno norteamericano se detalla que la exfilial colombiana de CBI fue víctima de actos de violencia—perpetrados por grupos armados de derecha e izquierda—lo que forzó a CBI y a su exfilial a ceder a la extorsión de estos grupos armados al margen de la ley para evitar represalias contra sus trabajadores.
Por Freddy Oñate Acevedo
[email protected]
Chiquita Brands International, por medio de su oficina asesora de comunicaciones aseveró que, es falso que CBI fue obligada a pagar 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares en Colombia y haber patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales.
En relación con las declaraciones dadas por Francisco Rodríguez Cuellar, el pasado 25 de agosto en entrevista con EL PILÓN, en la que aseguró que multinacionales han patrocinado a grupos al margen de la ley y que han desplazado a muchas personas en el territorio nacional, Chiquita Brands International, por medio de su oficina asesora de comunicaciones aseveró que, es falso que CBI fue obligada a pagar 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares en Colombia y haber patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales.
De acuerdo con el documento enviado por la multinacional “la multa no tuvo nada que ver con el tráfico de armas. De hecho, en el acuerdo suscrito por CBI y el gobierno estadounidense, no hay mención alguna del tráfico de armas. Al contrario, la multa fue impuesta luego de que CBI revelara voluntariamente que se vio obligada a realizar pagos de origen extorsivo a grupos al margen de la ley en Colombia, y el gobierno norteamericano acusó a CBI de haber violado una ley estadounidense, que según el gobierno de ese país, prohíbe pagos a ciertos grupos terroristas sin previo permiso del gobierno, incluso a pagos de origen extorsivo”.
De igual manera, aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no encontró prueba alguna de que la empresa hubiera apoyado ninguno de los objetivos o actividades ilegales de grupos al margen de la ley en Colombia. Al contrario, en el acuerdo suscrito el gobierno norteamericano se detalla que la exfilial colombiana de CBI fue víctima de actos de violencia—perpetrados por grupos armados de derecha e izquierda—lo que forzó a CBI y a su exfilial a ceder a la extorsión de estos grupos armados al margen de la ley para evitar represalias contra sus trabajadores.
Por Freddy Oñate Acevedo
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