Dios le da pan al que no tiene diente y al que tiene chapa le da chicharrón. El caso que nos ocupa es una papa caliente, que no ha sido fácil de meterle el diente.

Once años han transcurrido para que Fomvisocial le dé cumplimiento a la Sentencia de Tutela de la Corte Constitucional ST-946 de 2011, que ordenó reubicar en la urbanización El Porvenir, al sur de la ciudad, a un número indeterminado de familias desplazadas por la violencia que invadieron predios particulares al noroccidente de Valledupar, proyecto que se vino a materializar en 2018, es decir 7 años después, en el gobierno de ‘Tuto’ Uhía, cuando se construyeron 802 soluciones de techo, para albergar a desplazados del conflicto armado que ocuparon por la vía de hecho el predio Sabana 1, de propiedad del Mayor Alberto Pimienta Cotes, que comprende las invasiones Guasimales, Brisas de La Popa, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II.

Autoridad sin fuerza no vale, parece ser lo patético para desatar el nudo gordiano, con una justicia convertida en el hazmerreír, incapaz de zanjar semejante embrollo jurídico, aunque la Corte Constitucional descargó en dos Jueces de Tutela de Valledupar la competencia para decidir, pero fueron timoratos para asumir el reto en la solución de un tema tan sensible como es el relacionado con la vivienda.

Fomvisocial, como alternativa de solución, hace dos años hizo una caracterización (censo), para reemplazar a los invasores del año 2011, por familias con las mismas condiciones de vulnerabilidad asentadas en los 4 sectores descritos, en razón a que las personas que tutelaron no aparecen, ni van a aparecer, porque vendieron los lotes que invadieron y migraron hacia otras ciudades.

Esta eterna demora dio pie a que familias no caracterizadas por el Fondo de Vivienda de Interés Social Fomvisocial, ocuparan las casas, la mayoría venezolanos, que ahora reclaman una vivienda digna, amparados en más de 200 tutelas que accionaron y frenan cualquier posibilidad de desalojo, tras el dictamen de un nuevo juez de tutela, que se expone a prevaricar por contrariar la actuación de la Corte Constitucional.

Todos los elementos de un cóctel se mezclan en la urbanización El Porvenir, objeto de invasión por física negligencia del Estado, viviendas que amenazan ruina por desgaste del desuso y la paquidermia de una seguidilla de alcaldes que no dieron para resolver aspectos relacionados con la nomenclatura de las viviendas, accesos viales e instalación de acometidas eléctricas.

Ahora le corresponde al municipio legalizar los terrenos, mediante compra, ya no con el mayor Pimienta Cotes, que murió esperando una negociación, pero queda la sucesión de su esposa e hijos, con todos los argumentos legales para hacer respetar el derecho a la propiedad privada.

Como lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, porque son dineros públicos, lo que augura esta urbanización o invasión, que da lo mismo, es otro elefante blanco, por deterioro físico de las 802 unidades de vivienda, a lo que cabe una acción de repetición, que ya se formaliza, para que uno u otro involucrado responda con su propio pecunio, habida cuenta de que el golpe de bolsillo es el que duele.