Al recibir una fuerte descarga eléctrica, un chatarrero murió cuando manipulaba los cables de alta tensión en un poste del alumbrado público, para tratar de restablecer el servicio de energía en la vivienda de un familiar.
Al recibir una fuerte descarga eléctrica, un chatarrero murió cuando manipulaba los cables de alta tensión en un poste del alumbrado público, para tratar de restablecer el servicio de energía en la vivienda de un familiar.
Se trata de Javier Rangel, quien según testigos quedó “pegado a los cables al no tener guantes, ni casco protector”. El caso se registró en una vivienda localizada en la vereda Caracolí, zona rural del municipio de Aguachica, sur del Cesar.
Rangel trabajaba en una chatarrería ubicada en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, de donde había salido a visitar al familiar en territorio cesarense.
La inspección y reconocimiento del cadáver estuvo a cargo de unidades de la Sijín de la Policía Nacional, que lo dejaron a disposición del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Por Abdel Martínez Pérez /EL PILON
Al recibir una fuerte descarga eléctrica, un chatarrero murió cuando manipulaba los cables de alta tensión en un poste del alumbrado público, para tratar de restablecer el servicio de energía en la vivienda de un familiar.
Al recibir una fuerte descarga eléctrica, un chatarrero murió cuando manipulaba los cables de alta tensión en un poste del alumbrado público, para tratar de restablecer el servicio de energía en la vivienda de un familiar.
Se trata de Javier Rangel, quien según testigos quedó “pegado a los cables al no tener guantes, ni casco protector”. El caso se registró en una vivienda localizada en la vereda Caracolí, zona rural del municipio de Aguachica, sur del Cesar.
Rangel trabajaba en una chatarrería ubicada en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, de donde había salido a visitar al familiar en territorio cesarense.
La inspección y reconocimiento del cadáver estuvo a cargo de unidades de la Sijín de la Policía Nacional, que lo dejaron a disposición del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Por Abdel Martínez Pérez /EL PILON