Con 11 Hallazgos fiscales por $ 1.800 millones de pesos y ocho traslados a la Fiscalía General de la Nación, concluyeron las Auditorías de Cumplimiento que efectuó la Contraloría General de la República a las entidades encargadas de la prestación de servicios de Alimentación, Vigilancia Electrónica, Infraestructura y Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC.

Para el ente de control, estas Auditorías confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo su objeto misional. En materia de infraestructura física, la Auditoría evidenció que la respuesta a los planes de necesidades del INPEC no ha sido oportuna.

Así mismo encontró rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agrava con la decisión de la USPEC de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través del contrato interadministrativo 216144 de 2016 suscrito con Fonade, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada, pero que para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”.

En otros casos, la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).